El ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga, es uno de los cinco acusados en el escándalo de corrupción de la FIFA que aseguran ser inocentes. Estos ex titulares pidieron el jueves a la justicia estadounidense la separación de sus juicios, en vez de un solo proceso como estaba previsto.
Los abogados de los ex altos jerarcas del fútbol latinoamericano, todos en prisión domiciliaria en Estados Unidos -el brasileño José Maria Marin, el paraguayo Juan Angel Napout, el peruano Manuel Burga, el guatemalteco Héctor Trujillo y el griego Costas Takkas, único presente este jueves en la corte- aseguraron que si hay un solo juicio, sus clientes serán perjudicados por detalles del caso que no les incumben directamente.
"Mi cliente se verá enfrentado día tras día tras día a evidencia que no está para nada relacionada con él. Esto lo perjudicará", afirmó uno de los abogados , ante la jueza Pamela Chen de la corte federal de Brooklyn.
Pero la fiscalía no está de acuerdo, y la jueza, que aún no ha tomado una decisión, no parece proclive a atender el pedido de los acusados.
"Este es un caso inevitablemente complejo. Hay millones de páginas de evidencias", dijo Chen, para quien los abogados defensores pueden explicar al jurado durante un único proceso el alcance de los actos de sus clientes.
- "Un estilo de vida" -
"Hay una fecha de juicio, y no la voy a cambiar", afirmó. El juicio, que puede extenderse durante semanas o meses, está previsto para el 6 de noviembre, confirmó el jueves la fiscalía estadounidense.
La masiva acusación en el marco del escándalo FIFA tiene 236 páginas y describe 92 delitos en 15 esquemas de corrupción a lo largo de 24 años. Los fiscales dijeron este jueves que preparan 350.000 documentos que presentarán como evidencia.
De los 40 acusados, hasta ahora 20 se declararon culpables pero aún no han sido sentenciados. Otros han sido o están siendo juzgados por los mismos delitos en sus países.
Tras los arrestos de muchos acusados en 2015, el gobierno estadounidense los acusó de aceptar más de 200 millones de dólares en sobornos a cambio del otorgamiento de contratos de televisación y mercadeo de partidos, de influenciar las elecciones de la FIFA y de elegir a dedo a los anfitriones de la Copa del Mundo.
El centro de la acusación, lo que une las piezas del rompecabezas y permite según la fiscalía celebrar un solo juicio, es la conspiración en el marco de la ley contra el crimen organizado (RICO, o Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, creada en los años '70 para combatir a la mafia).
La jueza Chen dejó la puerta abierta a la separación en dos grupos, lo cual implicaría dos juicios: por un lado los acusados de conspiración en la sudamericana Conmebol (Marin, Napout y Burga) y por otro Takkas y Trujillo, de la Concacaf (América del Norte, Central y el Caribe).