El juez del denominado 'caso Osasuna' ha reclamado al Gobierno de Navarra técnicos para auditar las cuentas del club durante la presidencia de Patxi Izco y averiguar si los tres millones de euros extraídos en metálico estaban debidamente contabilizados o si se destinaron para fines ilícitos.
En una providencia notificada hoy, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha solicitado al departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra el nombramiento de "uno o varios funcionarios con la formación y los conocimientos necesarios" para realizar dicha auditoría.
El magistrado expone que resultan "imprescindibles amplios conocimientos de auditoría y contabilidad" para determinar si las cantidades extraídas en metálico de las cuentas de Osasuna investigadas en esta pieza separada "han tenido un destino lícito y constan debidamente contabilizadas en los libros del club o, por el contrario, se han distraído para fines ilícitos", como amaños de partidos, o "han sido objeto de apropiación por alguna persona".
El juez, añade la resolución, quiere saber si esas extracciones en metálico se han contabilizado indebidamente, o si se han falseado los libros y otros documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de Osasuna, o si se han realizado anotaciones o apuntes falsos, tal y como indiciariamente ha ocurrido con el dinero sacado en los años 2013 y 2014.
Según ha recordado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en un comunicado, el pasado 17 de junio el magistrado acordó abrir la "pieza separada B" para extender la investigación a la presidencia de Patxi Izco al haber descubierto en las averiguaciones realizadas hasta la fecha que entre 2003 y 2007 se extrajeron en metálico, mediante la retirada de billetes, un total de 3.090.000 euros de las cuentas del club.
En concreto, según expuso el juez en el auto, en los años 2003, 2004 y 2005 se sacó dinero en metálico por importe total de 1.380.000 euros; en 2006 un total de 1.260.000 y en 2007 un total de 450.000.
En la providencia dictada ahora, el juez quiere determinar si se ha originado un perjuicio al propio Club Atlético Osasuna, a sus socios o a la Hacienda Pública.
El juez solicita al departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra que, en el caso de que no disponga del personal adecuado para llevar a cabo la citada auditoría, se lo comunique y le informe de qué organismo público, estatal o autonómico podría realizarla.
En el supuesto de que esta prueba pericial no pudiera efectuarse por parte de funcionarios públicos, el instructor designaría peritos privados.