El técnico mexicano Javier Aguirre rechazó haber incurrido en cualquier irregularidad durante su paso por el Zaragoza y dijo estar listo para enfrentar las acusaciones que enfrenta de parte de la fiscalía española, que el miércoles pidió dos años de cárcel para el entrenador por presunto amaño de un partido hace siete años.
Aguirre y 36 futbolistas, entre ellos el argentino Leonardo Ponzio y el ecuatoriano Felipe Caicedo, son señalados por la fiscalía por un partido entre los clubes Levante y Zaragoza que se remonta al final de la temporada de 2010-11.
"Mis abogados me dijeron que de manera muy sorprendente la audiencia provincial de Valencia decidió reabrir el caso y ordenar un juicio penal", escribió Aguirre en una columna publicada el jueves en la sección deportiva del periódico Reforma. "Asistiré al mismo con la misma convicción y seguridad que tengo hoy de que mi única responsabilidad es haber desempeñado mi trabajo con el compromiso y profesionalismo que siempre he tenido con este hermoso deporte".
Aguirre, de 59 años, llegó al Zaragoza en 2010 después de dirigir a la selección de México en el Mundial de ese año en Sudáfrica. En 2015, fue despedido como entrenador de la selección de Japón, después de menos de un año al mando, a raíz de la primera investigación sobre el amaño de partidos.
El último trabajo del entrenador mexicano fue el año pasado con Al-Wahda, de los Emiratos Árabes.
"Quisiera decir muchas cosas, pero por tiempo y espacio e inclusive por recomendación de mis abogados; me es imposible", afirmó el "Vasco" Aguirre, quien también dirigió a México en el Mundial de Corea y Japón 2002.
La fiscalía presentó evidencia de que Zaragoza pagó 965.000 euros (1,1 millones de dólares) a los jugadores del Levante para perder un partido contra el Zaragoza, que entonces luchaba contra el descenso y era entrenado por Aguirre. El triunfo del Zaragoza por 2-1 en la última fecha de la temporada le aseguró su permanencia en la primera división española.
Un tribunal de menor jerarquía había archivado el caso, pero fue reabierto el mes pasado tras una apelación de la fiscalía de Valencia, donde se disputó el encuentro.
Los fiscales presentaron cargos por corrupción deportiva, además de falsificación de documentos contra algunos de los dirigentes del Zaragoza de ese momento.