La normativa más reciente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, que está en vigor, suprime la renovación automática de los permisos de trabajo temporales (EAD). Esta política, introducida bajo la presidencia de Donald Trump, tiene como objetivo fortalecer la supervisión migratoria y agilizar los procedimientos de deportación de aquellos inmigrantes cuyos permisos hayan caducado.
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"El USCIS está priorizando la verificación exhaustiva de los antecedentes de los extranjeros, eliminando las políticas que favorecían la comodidad sobre la seguridad nacional", sentenció Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Con este cambio, los trabajadores ya no podrán seguir empleados tras el vencimiento de su permiso, como ocurría bajo la norma anterior.
Miles de inmigrantes quedan sin derecho a trabajar
La nueva normativa impacta a casi todas las categorías de inmigrantes sin estatus permanente, incluyendo solicitantes de asilo, familiares de residentes permanentes y víctimas de violencia doméstica. Además, afectará a los cónyuges de titulares de visas H-1B y otros trabajadores temporales que dependían de la extensión automática.
Suspenden renovaciones automáticas de permisos de trabajo para extranjeros.
Abogados de inmigración advierten que la norma dejará a miles de hogares sin ingresos y provocará pérdidas a empresas que dependen de esta fuerza laboral. Además, el DHS aplicó la medida de manera inmediata, sin permitir comentarios públicos, lo que podría derivar en impugnaciones legales ante los tribunales.
Deportaciones más rápidas y caos laboral
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrá localizar y deportar más rápidamente a los inmigrantes cuyos permisos hayan expirado. Organizaciones proinmigrantes denuncian que la medida es una estrategia encubierta para aumentar las deportaciones de personas con estatus legal temporal.
El USCIS recomienda presentar las solicitudes de renovación hasta 180 días antes del vencimiento, pero con los actuales retrasos, de hasta nueve meses, muchos podrían quedar sin empleo por largos periodos. Aunque habrá excepciones, como las aprobadas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), la mayoría de los afectados enfrentará un panorama laboral incierto.