Las autoridades migratorias de Estados Unidos han empezado a cobrar $5,000 a inmigrantes indocumentados mayores de 14 años al momento de su detención. Esta medida, aprobada bajo la Ley "One Big Beautiful Bill" del presidente Donald Trump, se aplica de forma inmediata, sin necesidad de una sentencia judicial.
PUEDES VER: ALARMANTES noticias sobre Walmart en Central Square: una persona llamó afirmando estar dentro con armas, ¿qué sucede ahora?
Según Michael Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., la sanción afecta a todos los extranjeros indocumentados, sin importar por dónde ingresaron, cuánto tiempo llevan en el país o si tienen procesos migratorios activos. La medida busca financiar operaciones de control migratorio a gran escala y reforzar la aplicación de la ley federal.
¿Qué es la tarifa de aprehensión de $5,000?
La tarifa es un cargo obligatorio para cualquier persona de 14 años o más que sea detenida tras entrar sin autorización a Estados Unidos. Su objetivo es que el sistema de inmigración recupere recursos para gestionar y controlar de manera más efectiva a quienes ingresan sin cumplir con los procedimientos legales.
EE. UU. implementa multa de $5,000 para inmigrantes detenidos tras entrar sin autorización.
El monto se convierte en deuda oficial con el gobierno si no se paga, y esto puede impedir que la persona ingrese legalmente al país o reciba beneficios migratorios en el futuro. Anteriormente, en septiembre, se implementó un cargo de $1,000, que ahora se eleva a $5,000 según el DHS.
Aplicación y consecuencias
La tarifa se aplica en todo el país, no solo en la frontera. No importa por dónde haya entrado la persona ni si ya tiene casos migratorios abiertos. Los menores de 14 años están exentos, pero todas las personas mayores de esa edad deben pagar al momento de ser detenidas.
Si alguien no puede pagar los $5,000, la deuda permanece registrada ante el gobierno, afectando futuros intentos de entrada legal a EE. UU. y cualquier solicitud de residencia, visa o beneficios migratorios. La sanción es independiente de otros procedimientos legales y no requiere que la persona haya sido condenada por algún delito.