La peor noticia para inmigrantes en EE. UU. se confirma a partir del 1 de marzo. La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) anunció que los residentes permanentes, incluidos los titulares de green card, quedarán excluidos de los préstamos oficiales, perdiendo una de las principales fuentes de respaldo financiero para pequeños negocios.
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La medida limita el acceso únicamente a empresas con propiedad 100 % estadounidense y cuyos dueños residan dentro de Estados Unidos, lo que deja a miles de emprendedores inmigrantes en una situación de incertidumbre económica y sin alternativas claras de financiamiento.
La SBA excluye a titulares de green card de los préstamos oficiales
Según un memorando emitido por la SBA, los titulares de green card ya no podrán acceder a los préstamos 7(a), el programa de financiamiento más utilizado por la agencia, que permite obtener hasta US$ 5 millones para cubrir gastos operativos, expansión o recuperación empresarial.
La SBA excluye a un grupo de inmigrantes de los préstamos oficiales y los deja sin respaldo financiero.
Con esta decisión, la SBA elimina cualquier margen de participación extranjera en la propiedad de las empresas. A partir de marzo, solo calificarán aquellas compañías que sean completamente estadounidenses, tanto en propiedad como en residencia de sus dueños, dejando sin respaldo financiero a miles de pequeños negocios liderados por inmigrantes.
Endurecimiento de requisitos y fuerte reacción política
La exclusión forma parte de un endurecimiento progresivo. En diciembre pasado, la SBA ya había restringido los préstamos oficiales, permitiendo únicamente que calificaran empresas con hasta un 5 % de propiedad extranjera, incluidos titulares de green card o ciudadanos estadounidenses que residieran fuera de EE. UU..
La nueva norma, impulsada durante la administración del presidente Donald Trump, generó críticas inmediatas. El senador Edward J. Markey y la congresista Nydia Velázquez denunciaron que la política castiga a inmigrantes legales, reduce el acceso al financiamiento para pequeñas empresas y profundiza la incertidumbre económica en comunidades que dependen de estos recursos para subsistir.
