Más de 40 millones de ciudadanos estadounidenses forman parte del programa de beneficios del SNAP, de los cuales 75.000 residen en Dakota del Sur. Este programa, destinado a dar apoyo alimentario a todas las personas de bajos ingresos y grupos vulnerables, permite la adquisición de alimentos y bebidas a precios bajos. No obstante, los refrescos de la lista de productos elegibles podrían ser excluidos.

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SNAP: estos productos podrían verse afectados tras la eliminación del beneficio en este estado

En el Comité de Salud y Servicios Humanos de la Cámara de Representantes de Dakota del Sur, en EE. UU., se evidenció un fuerte enfrentamiento entre los defensores de la salud pública y los representantes del sector privado debido a que se tiene en una propuesta la eliminación de los refrescos.

Y es que, por un lado, los grupos de salud abogan por que el programa SNAP se convierta en un modelo de nutrición integral, mientras que otros sectores consideran que esta iniciativa limita la libertad de elección y representa una carga administrativa.

SNAP.

SNAP: estos productos podrían verse afectados tras la eliminación del beneficio en este estado.

Por su parte, la representante Taylor Rehfeldt, enfermera de Sioux Falls, señaló que el Proyecto de Ley de la Cámara 1056 busca establecer directrices claras para un programa de nutrición que priorice la salud. Rehfeldt enfatizó que las bebidas azucaradas, que no aportan valor nutricional y están vinculadas a enfermedades crónicas, deberían ser excluidas de este programa.

En tanto, los profesionales de la salud, como Justin Bell de la Asociación Médica de Dakota del Sur, alertaron sobre los riesgos asociados al consumo de estas bebidas, que incluyen obesidad infantil, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Si se aprueba esta ley, el estado tendría que solicitar una exención federal para implementar la exclusión de estas opciones de bebidas en el programa.

¿Quiénes no respaldan este proyecto y por qué?

Entre los que no respaldan la propuesta está la oficina del gobernador, que sostuvo que un enfoque federal resulta más adecuado para un programa de esta índole, en lugar de destinar cientos de miles de dólares y contratar a tres empleados adicionales a tiempo completo para hacer cumplir la normativa.

"Al introducir mayor complejidad administrativa en nuestro programa, aumentamos el riesgo de incurrir en tasas de error más elevadas y, por ende, en costos adicionales para nuestro estado", mencionó Laura Ringling, Asesora Principal de Políticas de la Oficina del Gobernador.

Ringling también expresó que el estado ha asumido más de 5 millones de dólares en gastos que anteriormente cubría el gobierno federal, y advirtió que esta cifra podría incrementarse si la tasa de error del SNAP en el estado se complica.

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