La presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se intensifica en ciudades como Nueva York, Chicago y Minneapolis, así como en barrios latinos de California, lo que genera preocupación en comunidades enteras. Según un análisis del Diario AS, los arrestos dentro del país aumentan de manera significativa, con una estrategia que prioriza la cantidad sobre los perfiles criminales, afectando incluso a personas sin antecedentes penales.
Los arrestos dentro del país han aumentado drásticamente.
PUEDES VER: ALERTA, inmigrantes: cambios más estrictos para obtener LICENCIAS DE CONDUCIR en EE. UU. entran en vigor en ESTA FECHA
Este grupo de inmigrantes quedó señalado por ICE en todo Estados Unidos
De acuerdo con Diario AS, "el último año, las detenciones realizadas fuera de centros penitenciarios aumentaron más de once veces respecto a periodos anteriores y el número total de deportaciones internas se cuadruplicó". Este aumento estructural refleja un cambio en la política de ICE, en la que los agentes realizan operativos en calles, parques y espacios cotidianos, generando miedo y desconcierto entre quienes no cuentan con documentación regular.
Contrario al discurso oficial que promete priorizar a "delincuentes peligrosos", los datos muestran que casi la mitad de los detenidos son migrantes cuya única falta es una violación administrativa de inmigración. Expertos en derechos civiles advierten que estas prácticas "están dejando una huella social preocupante, con familias separadas y comunidades que restringen sus movimientos por temor a ser arrestadas".
Impacto social y respuesta de los legisladores ante la política migratoria
La estrategia de ICE no solo modifica la política migratoria, sino que también transforma la vida cotidiana de miles de familias. Testimonios recogidos por Diario AS indican que la presencia policial ha alterado rutinas básicas, como ir al supermercado o llevar a los hijos a la escuela.
Mientras la administración defiende estas medidas como necesarias para la seguridad nacional, críticos denuncian que se genera una criminalización masiva de inmigrantes no violentos y se erosiona la confianza comunitaria. Legisladores y organizaciones de derechos humanos exigen mayor transparencia en las cifras y llaman a un debate urgente sobre el alcance de estas operaciones, que afectan la cohesión social en comunidades históricamente diversas.
