La Cámara de Representantes de Carolina del Sur tramita un proyecto de ley que ha generado preocupación entre defensores de derechos civiles y comunidades inmigrantes. La propuesta obligaría a agencias policiales que operan cárceles a firmar acuerdos formales con autoridades federales bajo el programa 287(g), reforzando la cooperación directa con ICE en operativos migratorios.
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De aprobarse, la medida exigiría que inmigrantes indocumentados detenidos por presuntos delitos sean puestos a disposición de autoridades federales si existen órdenes migratorias activas. Además, las agencias que se nieguen a participar podrían enfrentar la pérdida de financiación estatal, lo que intensifica la presión sobre los gobiernos locales.
Cooperación obligatoria en operativos con ICE
El proyecto, respaldado por el representante republicano de Spartanburg, Travis Moore, establece que las fuerzas del orden deberán verificar con el Departamento de Seguridad Nacional si una persona detenida tiene órdenes de detención o procesos de deportación pendientes. Bajo el esquema 287(g), los agentes locales podrían ampliar su participación en operativos con ICE, fortaleciendo la aplicación de leyes federales de inmigración desde centros de detención estatales.
Policías locales podrían verse obligados a colaborar con ICE en Carolina del Sur.
Sus impulsores argumentan que la propuesta no obliga a realizar redadas activas ni patrullajes migratorios independientes, sino a formalizar la cooperación cuando una persona ya se encuentra bajo custodia por presuntos delitos. Sin embargo, la redacción permitiría una colaboración más estrecha entre autoridades estatales y federales.
Debate por autonomía local y confianza comunitaria
Críticos del proyecto de ley advierten que imponer acuerdos obligatorios entre policía local e ICE podría afectar la autonomía municipal y desviar recursos destinados a la seguridad pública hacia funciones de control migratorio federal. También señalan posibles costos administrativos que no estarían completamente cubiertos por el estado.
Organizaciones defensoras de inmigrantes sostienen que ampliar los operativos con ICE podría erosionar la confianza entre comunidades migrantes y fuerzas del orden, reduciendo la cooperación en investigaciones locales. El debate continúa mientras la legislación avanza en el proceso legislativo estatal.
