Una orden ejecutiva firmada por el alcalde de Denver, Mike Johnston, ha generado esperanza entre defensores de los inmigrantes al autorizar a la policía local a intervenir durante enfrentamientos con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para proteger los derechos civiles y la seguridad de los residentes.
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La medida llega en un contexto de crecientes preocupaciones por la aplicación federal de leyes migratorias y las consecuencias que estas han tenido en varias comunidades.
Policía local con poder de intervención en operativos federales
La nueva orden ejecutiva faculta a la policía de Denver a intervenir si agentes federales usan fuerza que pueda causar muerte o lesiones graves, con el objetivo de disminuir la intensidad de los enfrentamientos durante operativos migratorios. Además, exige que se brinde asistencia vital a cualquier persona herida, sin importar quién la haya lesionado.
Alcalde de Denver ordena a policía local intervenir y supervisar operativos de ICE.
La orden también instruye a los oficiales a identificar y grabar a los agentes federales con cámaras corporales cuando sea "tácticamente seguro" y a investigar señalamientos de conducta criminal cometida por agentes de ICE. Además, prohíbe el uso de propiedades municipales por parte de agentes federales sin una orden judicial válida y requiere que las investigaciones pertinentes se remitan a fiscales estatales o locales.
Según el alcalde Johnston, estas medidas responden a la obligación de proteger a los residentes y reafirmar que la policía local defienda las libertades civiles.
Contexto de tensión por operativos migratorios
La orden ejecutiva de Denver se da en medio de un clima de tensión nacional tras incidentes violentos durante operativos migratorios federales, incluidos tiroteos fatales en Minneapolis, Minnesota, que provocaron protestas y críticas hacia la estrategia de aplicación de la ley por parte de ICE.
En ese estado, al menos dos ciudadanos estadounidenses, incluido un hombre identificado como Renee Good, fueron asesinados por agentes federales, lo que intensificó el debate sobre el uso de la fuerza de las autoridades migratorias.
Mientras algunos ven esta orden como una medida de protección a las comunidades locales y sus derechos civiles, otros advierten sobre el posible conflicto con las autoridades federales y las repercusiones legales que podría generar. Sin embargo, para los defensores de inmigrantes, la orden representa un paso hacia una mayor tutela comunitaria frente a los operativos federales.