La Cámara de Representantes de Idaho aprobó un proyecto de ley que obligaría a todos los departamentos de policía y oficinas del sheriff a firmar acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el programa federal 287(g).
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El proyecto, conocido como HB 659, enfrentó la oposición de asociaciones policiales y sheriff locales, que sostienen que la participación debería ser voluntaria, principalmente debido a los costos asociados con la capacitación federal y la reorganización del personal.
Debate en la Cámara y posiciones de legisladores
La HB 659 fue aprobada en la Cámara con un voto de 41-27 y ahora se enviará al Senado estatal, donde podría ser sometida a otra audiencia pública. El patrocinador del proyecto, el representante Dale Hawkins, defendió la medida afirmando que la inmigración es un tema prioritario para los habitantes de Idaho: "La gente de Idaho quiere respuestas y quiere acción", dijo Hawkins.
Idaho aprueba proyecto que obliga a policía y sheriff a firmar acuerdos 287(g) con ICE.
Los opositores, como el representante Chris Mathias, advirtieron que forzar la cooperación con ICE podría socavar la confianza de las fuerzas del orden y que una alternativa sería que las agencias explicaran por qué no pueden participar, permitiendo incentivos en lugar de imposiciones. Otros legisladores republicanos argumentaron que la cooperación con ICE aliviaría los costos del alojamiento de reclusos indocumentados en cárceles locales y estatales, ya que la agencia federal reembolsa parte de estos gastos.
Opinión de los habitantes de Idaho sobre inmigración
Según el grupo Secure Idaho, el 81% de los estadounidenses considera importante que el gobierno detenga la inmigración ilegal, y el 55% lo ve como “muy importante”. Las encuestas locales muestran una visión más matizada: la Encuesta Anual de Políticas Públicas de la Universidad Estatal de Boise (2026) reflejó que un 53% de los habitantes cree que una mayor presencia de ICE podría afectar la economía agrícola, mientras que un 56% apoyó vías legales para trabajadores lecheros y sus familias con residencia prolongada y sin antecedentes penales.
Por otro lado, un sondeo de 2025 en Treasure Valley y Magic Valley, encargado por la ACLU de Idaho, indicó que solo el 44% apoyaba la cooperación de las fuerzas locales con autoridades federales de inmigración, y un 64% consideró que las deportaciones deberían limitarse a delitos graves. Estos resultados muestran que la aplicación de la ley migratoria en Idaho genera un delicado equilibrio entre seguridad, economía y derechos de los inmigrantes.