La empresa privada GEO Group acordó pagar más de 100.000 dólares luego de ser señalada por incumplir medidas de seguridad en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California. El caso representa un avance para las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que exigen mejores condiciones para las personas que permanecen bajo custodia migratoria en Estados Unidos.
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GEO Group es sancionada por riesgos de seguridad en centro de detención de ICE
La investigación comenzó en 2022 en el centro Golden State Annex, ubicado en McFarland, California, tras denuncias sobre las condiciones laborales y sanitarias de los inmigrantes detenidos. Los inspectores de Cal/OSHA determinaron que GEO Group no implementó medidas suficientes para proteger a las personas que realizaban labores dentro de la instalación, especialmente durante la pandemia de COVID-19.
Según informó N+ Noticias, "el acuerdo representa una victoria para los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, que han presionado a los legisladores de California para que intenten regular las condiciones dentro de los centros de detención operados por empresas privadas para el Gobierno federal".
Este caso marcó un precedente al reconocer que los inmigrantes bajo custodia que realizan trabajos dentro de estas instalaciones también deben contar con protecciones de seguridad laboral.
California busca mayor control sobre los centros donde permanecen inmigrantes en Estados Unidos
Como parte del acuerdo, GEO Group aceptó mejorar sus protocolos de prevención de enfermedades y desistió de apelar la decisión estatal que determinó que debía cumplir con las normas laborales de California.
Las personas bajo custodia del ICE no están detenidas por delitos penales, sino que permanecen bajo custodia debido a procesos migratorios civiles. Sin embargo, algunas participan en programas de trabajo voluntario dentro de los centros, donde realizan tareas como limpieza, cocina o servicios para otros detenidos, a cambio de un pago aproximado de un dólar diario.
El caso vuelve a poner en debate las condiciones de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y la supervisión de las empresas privadas que administran centros de detención. En California, autoridades y organizaciones civiles continúan impulsando medidas para garantizar mayor seguridad y respeto a los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.