Recientemente, el Valle Central de California, en Estados Unidos, se convirtió en escenario de un incremento notable en las operaciones y detenciones realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que ha generado tensiones políticas y acusaciones de intimidación hacia los votantes latinos.
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Esta situación no pasa desapercibida a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato, especialmente en el distrito congresional 22 de California. Esta demarcación, que cuenta con un 73% de población latina, está en medio de una contienda electoral muy disputada que podría influir en el control de la Cámara de Representantes de EE. UU. Aquí más información.
EE. UU.: confirman redadas en distrito electoral de California e intimidación a votantes
Según reportes de medios como 'Reuters' y 'Arab News', la controversia actual en esta parte de Estados Unidos se centra en varios aspectos críticos. En primer lugar, se ha documentado un aumento significativo en los operativos y detenciones en la región agrícola, impulsado por una orden directa de la Casa Blanca a inicios del mes de octubre.
Por su parte, la United Farm Workers ha señalado que, cientos de trabajadores del campo, han sido arrestados, con datos preliminares que indican que en Bakersfield, los arrestos diarios se incrementaron de un promedio de uno a casi 10 a mediados del mes.
Asimismo, sindicatos y organizaciones civiles, como CHIRLA, han denunciado recientemente la presencia de agentes federales cerca de centros de votación, especialmente en el condado de Sutter. Esta situación ha generado inquietud entre la comunidad hispana, que teme que estas acciones busquen disuadir su participación electoral.
¿No ciudadanos podrán votar en las próximas elecciones?
Por otro lado, esta serie de operativos se ha dado en medio de una ofensiva legal del Departamento de Justicia de la administración de Donald Trump.
Es importante añadir que el gobierno federal ha iniciado una investigación penal formal, emitiendo citaciones de gran jurado a funcionarios locales para investigar la supuesta inscripción de miles de no ciudadanos en el censo electoral, tras el rechazo de las cortes estatales a las solicitudes federales para anular más de 20.000 boletas por correo.
