Hace ocho meses o con más exactitud 253 días se intervino a la Federación Deportiva del Guayas (FDG), según el artículo 165 de la Ley del Deporte, que señala que es causal de intervención del Estado que “exista peligro inminente de daño al patrimonio estatal deportivo”.
El mismo órgano legal, en el artículo 163, aclara: “El interventor durará en su cargo 90 días como máximo, pudiendo ser prorrogado por una sola vez por 90 días adicionales” y recalca esto: “plazo durante el cual deberá resolverse la causa de la intervención, o convocarse a elecciones”.
Al día de hoy, con el plazo ampliamente extendido, los interventores no han cumplido ni lo uno (solucionar el daño de los escenarios afectados) ni lo otro (elegir al nuevo directorio).
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Sobre la primera situación, días atrás César Pólit Ycaza, exdirigente de voleibol, expresó: “El proceso de intervención ha avanzado a paso muy lento y Andrea Sotomayor (secretaria del Deporte) debe explicar las razones, pero lo que queda como mayor deuda es que los responsables del deterioro de los escenarios de Fedeguayas, y de otro tipo de acciones, siguen tan campantes porque aparentemente la situación legal de ellos no se ve afectada”.
Sobre las elecciones, la crítica apunta a la inclusión (por ley) de personas ajenas al deporte o que están politizadas, pues son delegadas estatales. “De los aspirantes a presidir Fedeguayas, el balance para estructurar al organismo está con una carga mayor que se inclina al Estado, que tiene representantes de la Secretaría del Deporte y del Ministerio de Salud; adicionalmente, hay representantes de los alcaldes de la provincia. El resto son representantes de las asociaciones y de las Ligas Cantonales. Pero la mayoría son del Estado y eso dificulta que personas ajenas al segmento estatal tengan más posibilidades”, opinó el comunicador Mario Canessa. (D)