Diario EL UNIVERSO publicó el martes último la noticia de la renuncia –y denuncia, a la vez– del presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje de la FEF, Carlos Manzur, quien alegó: “Siento que no hay las condiciones necesarias para poder buscar un cambio verdadero que mejore nuestro arbitraje. La mayoría de los dirigentes están concentrados en tratar de controlar el arbitraje para que sus rivales no lo hagan. Ese es el nivel de desconfianza que se vive. Y así no se puede trabajar”. Y agregó: “Aun cuando mañana cambiemos a todos los árbitros, los corruptores estarán siempre al acecho. Y cuando me refiero a corrupción no me refiero solo a dinero. (También) Aquellos que amedrentan, que insultan, que adulan o que buscan hacer favores a los árbitros persiguen el mismo fin, solo que con medios diferentes”.
Demasiado grave para pasarlo por alto, pero demasiada afirmación vaga para analizarla en su dimensión dramática. Manzur, un dirigente experimentado, debe saber quiénes son los corruptores y los corruptos y no hay ninguna excusa para ocultar sus nombres. “Corrupción existe. Pero la única forma de luchar contra ella es eliminar al corrupto” , sostiene el renunciante, pero eso nos posible sin dar nombres y circunstancias. Lo contrario es echar a la basura algo de lo cual depende el futuro del balompié del país.
Estamos de acuerdo con el presidente de Emelec, Nassib Neme, quien solicitó a Manzur ser “más específico” y apeló a una oportuna metáfora: “Él (Manzur) presidía la Comisión Nacional de Arbitraje. Es como que el presidente de Coca Cola renuncie y declare que el problema es la corrupción que hay en la empresa. O como si el gerente de Burger King se quejara de su salud por comer hamburguesas”.
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El presidente de Guayaquil City, Iván Mendoza, se sumó a las críticas: “Para mí (Manzur) está equivocado. La única forma de luchar contra la corrupción es descubriéndolo todo. A los corruptores y a los corrompidos. Debió ser más específico. No está bien dejar estos temas al aire y hablar de forma general. Hoy, con esa frase, todos (dirigentes) estaríamos envueltos en la misma”.
La LigaPro hizo causa común. En una misiva dirigida a Manzur, el presidente Miguel Ángel Loor conminó al directivo: “Solicito a usted que aclare sus antedichas expresiones efectuadas a la prensa, particularmente en el sentido de a qué competiciones se refiere; y, de ser el caso para las organizadas por LigaPro (series A y B), inmediatamente nos facilite los documentos e información de soporte, con el fin de proceder en consecuencia, acorde a nuestra reglamentación de aplicación”.
Hasta el momento en que escribo esta columna (viernes pasado, al mediodía), Carlos Manzur no ha respondido. El que sí lo hizo es el presidente de la Asociación de Árbitros de Fútbol, Luis Muentes, quien ha pedido a la FEF que no acepte la renuncia del dirigente mientras no aclare la denuncia. Muentes, actor de declaraciones estruendosas, afirma que existen “sobornos a árbitros, amenazas, sometimiento a los jueces”. Que “todo lo que se haga en contra de los principios es corrupción. En su declaración a este Diario, el jueves anterior, fue terminante: “Tenemos los nombres de esas personas y de árbitros corruptos. Lo estoy denunciando y mañana (viernes) vamos a dar los nombres y apellidos”.
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¿Hubo la presentación de Muentes para dar la lista de corruptos y corruptores? ¿O seguirá sosteniendo que los errores arbitrales no responden a arreglos de partidos sino a problemas “neuronales” de los hombres del silbato? No es cuento. El 1 de diciembre del 2019 aparecieron sus declaraciones en EL UNIVERSO en las que sostenía que las críticas a los arbitrajes de Luis Quiroz y Roddy Zambrano, que influyeron en la tenencia de la Copa Ecuador, y el de Diego Lara que pitó un penal inexistente contra Emelec que dejó a este equipo fuera de las semifinales de la LigaPro 2019, eran una conspiración “de los periodistas y los medios de comunicación” que eran “usados para despotricar contra los árbitros”. Sostuvo la hipótesis de que la merma de la capacidad arbitral se debía al transcurso del tiempo en cada partido, pues “las neuronas no funcionan de la misma manera (...) una jugada al minuto 5 no es lo mismo que al minuto 90”.
Veríamos con agrado que a Muentes le funcionen bien las neuronas para dar, según ofreció, nombres y apellidos “de jueces y dirigentes sinvergüenzas”, toda vez que, según su versión, “la corrupción es real”. Lo más probable es que este bochinche y esta escandalera quede en nada, igual que el caso de la intervención de la Federación Deportiva del Guayas y la investigación de la administración de Pierina Correa y Rosa Edith Rada, que en siete años y medio terminaron con casi todos los deportes que se practicaban en la provincia y permitieron la destrucción de los escenarios que son patrimonio del deporte de la ciudad. Más de $ 100 millones manejaron el dúo dinámico del desastre, pero hicieron que desaparezcan el béisbol, básquet, boxeo, ciclismo, lucha olímpica, levantamiento de pesas y muchos otros deportes. Guayaquil se convirtió en un desierto deportivo y desapareció aquel lema de ‘capital deportiva del país’. Las relaciones con entrenadores y personal administrativo fueron de explotación, despotismo y despidos injustificados. La atención a la gente del deporte se limitaba a un día a la semana, cuando Pierina Correa acudía a las oficinas federativas, los miércoles en la tarde. Rada daba las citas que demoraban meses y el acceso a las oficinas estaba celosamente custodiado por media docena de agentes de seguridad. ¿Cómo y en qué se invirtió más de $ 100 millones en el periodo burlesco de ‘La Nueva Era’ si Guayas se convirtió en un cementerio deportivo sin ningún torneo de primera categoría y escenarios en escombros? Esta interrogante debía ser respondida por la exministra del Deporte y actual secretaria nacional de ese ramo. Esperábamos con ansias el informe administrativo, técnico y financiero del proceso de intervención que duró nada menos que 19 meses, pero Andrea Sotomayor ha sorprendido al país entero.
Quemeimportismo
De acuerdo con su testimonio dado a este Diario el martes, en Fedeguayas no ha pasado nada y si hubiera ocurrido algo, para eso están la Contraloría y la Fiscalía. La funcionaria alega que no es su papel hacer auditorías y que los interventores ya la han pedido al contralor. Se deduce de todo esto que los abusos administrativos, la debacle técnica y el dispendio de los fondos del deporte van a quedar impunes. Su quemeimportismo es irritante. Si los interventores reportaron alguna anormalidad financiera, es ella quien tiene que exigir a Contraloría y a la Fiscalía la investigación pertinente, so pena de acabar en complicidad o encubrimiento. Es fácil decir “ya los interventores pidieron la auditoría, pero queremos saber qué hizo ella ante las tropelías de la Nueva Era”.
Es la misma connivencia que ha mostrado en el caso de la destrucción de la piscina del Centro Cívico, cuya custodia y conservación correspondía a la Secretaría a su cargo. No hay duda que Andrea Sotomayor goza de la protección de alguien influyente ante Lenín Moreno, el contralor Pablo Celi y la fiscal general, Diana Salazar. Páginas enteras y horas de televisión han denunciado el atentado contra el patrimonio deportivo estatal cometido por Sotomayor al permitir el fatal deterioro de las piscinas del Centro Cívico, pero el Gobierno y sus instituciones contraloras y fiscalizadoras se hacen los desentendidos. (O)