Se aproximan las elecciones en nuestro país y la expectativa es alta. La sociedad espera que los candidatos no solo se dediquen a enunciar problemas estructurales que Ecuador soporta; los ciudadanos seguimos esperando que sean más explícitos en decirnos cómo lo van a hacer. Tienen la obligación de demostrar que sus planes de gobierno contemplan soluciones razonables. Hasta este momento la gran mayoría de los candidatos a la Presidencia de la República han repetido en coro que bajarán el índice del desempleo, que traerán inversión extranjera, que detendrán a raya la corrupción, que armarán hasta los dientes a la fuerza pública para erradicar la delincuencia, que respetarán los fondos del Seguro Social, que bajarán el IVA, que bajarán los intereses bancarios, que impulsarán el agro, como mecanismo para recuperar la economía.
Sobre la salud de los ecuatorianos, consideran que vacunar contra el COVID es lo inmediato, pero pasan por alto que el sistema de salud público era precario antes de la pandemia. Sobre la salud de la juventud, es increíble que un solo candidato haya mencionado que derogará la tabla de consumo de drogas, que ha sido el gatillar más perverso de los últimos tiempos.
Promesas electorales que bien sabemos lo que intentan. Ofrecerlas sin mencionar cómo cumplirlas es parte de la estrategia, que termina generando una perspectiva imprecisa, cumpliendo con el propósito de una divulgación mecanizada de ofertas persuasivas. No son más que medias verdades que explotan las dudas y el desconocimiento. A estas alturas queda demostrado que son contados con los dedos de la mano los que están preparados para decirnos cómo lo van a hacer. Ahí está la clave entre los expertos en embustear y los que desean servir.
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La finalidad de esta columna no es hacer un juicio de los candidatos ni de sus programas de gobierno. Mi afán es hacer notar que quienes aspiran a ser presidente de Ecuador tienen la obligación de tratar la mayoría de temas que implican liderar un gobierno. Es indispensable que le dediquen tiempo y atención a la mayoría de temas. Por ejemplo, he detectado que hay actividades que no han sido tomadas en cuenta y es algo paradójico, porque a menudo comentamos que el deporte representa lo mejor de una sociedad; es indiscutible que está comprometido con los mejores valores sociales, pero lamentablemente en nuestro país hace largo tiempo que no existe oficialmente una política pública dispuesta con fundamentos, moderna y desenganchada de esos artilugios que se han utilizado para erradicar la autonomía a las instituciones deportivas.
El problema es que en el país al deporte no se lo ha querido incluir como política de Estado, porque no lo consideran una prioridad social. La política deportiva para los gobiernos carece de la relevancia que requiere. A menudo hemos escuchado atentamente que el deporte en estos tiempos es considerado el catalizador que promocionará la calidad de vida de la población, optimizando segmentos como la educación y la salud; que también sirve para estructurar las comunidades, tanto así que muchos especialistas han considerado al deporte como el fenómeno cultural más relevante, complejo y apasionante de la sociedad contemporánea. Bien explicaba Alberto Palomar: “El compromiso de los Gobiernos con el deporte no es el aplauso, las recepciones, los apoyos testimoniales; el compromiso consiste en que los objetivos tengan el reflejo suficiente en el marco de las prioridades públicas y sociales”. Por eso, es necesario que la cosmética dé paso al rigor. Pregunto a los candidatos presidenciables: si es tan importante el deporte, si aceptan que es la expresión comprobada en el desarrollo de los pueblos, ¿por qué no se ha escuchado ningún plan que auspicie una moderna red jurídica que lo ampare o cómo se debe planificar su masificación? ¿Por qué no han dicho algo sobre si conocen cómo provocar un desarrollo sostenido deportivo, en las diversas regiones del país, considerando sus fortalezas y valores genéticos e históricos? ¿Por qué los políticos que luchan por el poder no han considerado al deporte como un arma para combatir el flagelo de la drogadicción? ¿Por qué no se han referido a la necesidad del deporte de crear alianzas públicas privadas o al impulso que necesita el desarrollo deportivo colegial y universitario, o el de salubridad, o alguna señal que permita pensar que distribuirán un presupuesto que haga factible la ejecución de la planificación?
La respuesta es obvia. El deporte, lamentablemente, no es una prioridad de la política pública. Insistimos, señores candidatos, no es justa esta indiferencia y desentendimiento ante tan importante bastión en el crecimiento de la juventud. Malograr su futuro es también vuestra responsabilidad.
Consultas puntuales
Mi intención es recomendar o sugerir para que expresen púbicamente cómo enfrentarán el reto de cambiar históricamente el desarrollo deportivo en el país. Me permito consultarles a los candidatos:
- ¿Conocen que en la Asamblea Nacional está en pleno tratamiento el proyecto de reforma a la Ley del Deporte, que al tenor de su articulado sigue manteniendo la vocación estatista, intervencionista, con la finalidad de tener el control absoluto de los diversos organismos? ¿Conocen que el proyecto de marras no garantiza la independencia económica y, además, tiene el propósito de continuar siendo un instrumento de politización del deporte por una simple razón: quienes lo rediseñaron son los mismos que hace más de diez años le metieron las manos?;
- ¿Conocen acaso los candidatos que en 2012, por decisión gubernamental, se persiguió y se interrumpió la vigencia del Centro de Alto Rendimiento Olímpico que lo había creado Danilo Carrera cuando era presidente del COE? El Ministerio de Deportes lo usurpó desde ese entonces y, como era de esperarse, en la actualidad no funciona, obviamente perjudicando directamente a los deportistas ecuatorianos;
- ¿Conocen que el actual régimen presentó antes de la emergencia sanitaria un plan de prevención al consumo de drogas, utilizando a la práctica deportiva como aliado estratégico? El plan, que lucía brillante y visionario, consistía en involucrar a los niños y jóvenes en actividades recreativas, fomentando las estructuras barriales, implementando en sectores vulnerables canchas deportivas para conseguir, desde la prevención, mitigar la embestida del flagelo de la adicción que sufre la juventud ecuatoriana. Que tengan presente los candidatos que los tratados internacionales exigen a los gobiernos implementar métodos preventivos para evitar que la juventud caiga en el consumo de drogas y, explícitamente, recomiendan crear políticas públicas que favorezcan la práctica deportiva. Para vuestro conocimiento, candidatos, el comentado plan quedó archivado, lamentablemente.
Es indiscutible que para que toda planificación deportiva tenga el éxito esperado se requieren presupuestos que cubran necesidades, y el propósito lo justifica, porque es una inversión con un rédito incalculable.
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Que no se olviden que la empresa privada también puede convertirse en un importante aportante. Ejemplos sobran, como en Colombia y España, donde el sector privado es un estamento crucial en el plan nacional de activación del deporte. Por supuesto, aquellas empresas privadas que participan son beneficiarias de deducciones tributarias y otros beneficios fiscales. Señores candidatos, no hay mucho espacio para inventar, el éxito está a la vista; esos países dejaron a un lado la discusión semántica y encontraron conjuntamente soluciones reales.
En fin, presidenciables, con estos antecedentes sería un desaire a la sociedad que entre sus ofertas no consideren al deporte como una prioridad debidamente justificada. (O)