El colombiano Radamel Falcao y el portugués Fabio Coentrao fueron acusados hoy por la Fiscalía española de haber ocultado entre los dos casi siete millones de euros (7,7 millones de dólares).
Según el auto divulgado hoy por la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, se les imputa a los dos futbolistas cinco delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
La Fiscalía denunció que Falcao, actual jugador del Mónaco, usó sociedades en las Islas Vírgenes Británicas, mientras Coentrao, del Real Madrid, radicó diversas sociedades en Panamá e Irlanda.
El Ministerio Público acusó a Falcao de defraudar 5,66 millones de euros en 2012 y 2013, cuando jugaba en el Atlético de Madrid. Por su parte, aseguró que Coentrao hizo lo mismo con 1,29 millones de euros entre 2012 y 2014.
La investigación contra los dos futbolistas se inició a raíz de los datos remitidos por la Agencia Tributaria Española sobre su situación fiscal.
En la querella contra Falcao, la Fiscalía explicó que el jugador colombiano trasladó su domicilio fiscal a la localidad de Pozuelo, en Madrid, "con la obligaciones tributarias correspondientes" tras su fichaje por el Atlético en 2011.
No obstante, y "con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito", habría omitido en su declaración de IRPF cantidades percibidas tanto de su club como de la selección colombiana.
En cuanto a Coentrao, el futbolista habría suscrito en 2011 un contrato por el que simulaba la cesión de sus derechos de imagen a la sociedad Rodinn Company, domiciliada en Panamá.
Sin embargo, en julio de ese mismo año dicha empresa cedió sus derechos de imagen a otra con sede Irlanda llamada Multisports & Image Management Limited.
Cuatro días más tarde firmó un contrato de trabajo con el Real Madrid, motivo por el cual trasladó su residencia a la capital de España y durante los años 2012, 2013 y 2014 tuvo la condición de residente fiscal en España.
Pese a ello, el futbolista mantuvo dicha estructura societaria con el fin de que permanecieran "opacos" a Hacienda los ingresos de sus derechos de imagen que alcanzaron 1,29 millones de euros, según el escrito de la Fiscalía.