El juez de la Audiencia Nacional española, Francisco de Jorge, citó al ex presidente de la Real Federación Española de Futbol, (RFEF) Luis Rubiales, para declarar como investigado el próximo viernes 15 de septiembre en el procedimiento abierto por el beso no consentido que le dio a la jugadora Jennifer Hermoso tras la entregada de medallas en el mundial Australia.
El magistrado acordó esta diligencia toda vez que fue admitida a trámite la querella en la que la Fiscalía atribuye al ex dirigente federativo los presuntos delitos de agresión sexual y coacciones por el beso no consentido y la supuesta “presión constante y reiterada” a la que él mismo y su entorno sometieron supuestamente a la jugadora y sus familiares y amigos para que justificara y aprobara públicamente un hecho cometido “contra su voluntad”.
El citatorio a Rubiales se produce después de que el magistrado reclamara a varios medios de comunicación, los videos del beso forzado “desde todos los ángulos”, así como de los instantes previos y posteriores, incluidos los de la celebración en el vestuario y el autobús.
De hecho, algunos de esos videos han formado parte de la estrategia de defensa de Rubiales ante la FIFA, donde remitió imágenes en las que se ve a las jugadoras -entre ellas Hermoso- festejando la conquista del Mundial y haciendo algunas bromas sobre el beso forzado.
De esta manera, el inicio de esta investigación por parte de la Audiencia Nacional deja en el aire el procedimiento abierto en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) a instancias del gobierno español. Ese órgano administrativo tiene pendiente resolver sobre el fondo del expediente abierto a Rubiales por falta grave, pero sus miembros tendrán que valorar si dejan ese trámite en suspenso en caso de que consideren que por la vía penal se están investigando los mismos hechos y los mismos fundamentos.
La semana pasada la Fiscalía de la Audiencia Nacional española presentó la querella contra Rubiales. Le imputa dos presuntos delitos, uno de agresión sexual y otro de coacciones.
Este precepto prevé en España penas de uno a cuatro años de prisión en el caso de las agresiones sexuales en las que no media intimidación, violencia o anulación de la voluntad, aunque se puede imponer la pena de prisión en su mitad inferior (es decir, de un año a dos años y medio) o multa de dieciocho a veinticuatro meses.
ZZM