En una audiencia temática programada para el 9 de julio de 2024, en el marco del 190º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), defensores y defensoras ambientales y organizaciones nacionales, internacionales y regionales presentarán información detallada y actualizada sobre la situación de persecución y violencia contra las personas defensoras ambientales e indígenas en América Latina.
Esta audiencia tiene como propósito informar a la CIDH sobre los patrones de persecución, ataques y criminalización dirigidos contra personas defensoras indígenas y defensoras ambientales en varios países de la región, específicamente Colombia, México, Brasil, Perú, Bolivia, Honduras y Venezuela. Se destacarán los abusos perpetrados tanto por actores estatales como no estatales, que van desde el uso arbitrario del poder punitivo del Estado hasta amenazas, agresiones físicas, y en algunos casos, desapariciones forzadas y asesinatos.
Según el informe de Global Witness de 2023, un defensor ambiental fue asesinado en promedio cada dos días durante el año 2022, siendo América Latina la región más afectada, con el 88% de los casos registrados. Desde 2014 Global Witness ha documentado, al menos 296 defensores asesinados en la Amazonía, reflejando un patrón de violencia sistemática que pone en riesgo la vida e integridad de aquellos que protegen el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.
Respecto de Perú, destacan los casos de los defensores de la comunidad Nativa Alto Tamaya – Saweto, cuyos familiares continúan buscando justicia. El pasado 11 de abril, luego de casi 10 años, el Poder Judicial dictó una sentencia condenatoria en contra de los actores materiales e intelectuales de los homicidios. Esta sentencia fue apelada y se dispuso que los condenados afronten el proceso de segunda instancia en libertad hasta la confirmación de la sentencia, lo que implica nuevamente, incrementar los niveles de riesgo para las viudas y familiares.
Otro caso significativo que se presentará es el de Angel Pedro Valerio, presidente de CARE, quien desde septiembre de 2023 ha visto obstaculizadas sus labores de defensa dada su inclusión como investigado por la desaparición de cuatro personas durante el Paro Ashaninka organizado en Puerto Ocopa en abril de 2023. La investigación es irregular no solo porque no fue notificado sobre los cargos en su contra, para ejercer su defensa, sino también porque, en la práctica, ha buscado menoscabar las labores de CARE en la lucha contra el narcotráfico en la cuenca del Ene, ya que las labores de la organización tuvieron que concentrarse en la defensa, limitando su participación en otros ámbitos de su agenda en beneficio del pueblo asháninka.
Las personas defensoras ambientales y las organizaciones instarán a la CIDH a tomar medidas urgentes para proteger a las y los defensores ambientales e indígenas, asegurando que puedan realizar su labor de manera segura y efectiva. Además, solicitarán que los Estados de la región implementen políticas efectivas para prevenir y sancionar los ataques en contra de las personas defensoras. También, hacen un llamado para que la normativa e institucionalidad pueda orientarse a garantizar “entornos seguros”, teniendo como paso fundamental la ratificación del Acuerdo de Escazú, especialmente por parte de países como Perú y Brasil que aún no lo han hecho.
Entre las organizaciones que participarán en esta audiencia se encuentran algunas integrantes de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI), tales como Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR); la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS); la Central Asháninka del Río Ene (CARE); entre otras.
Estas organizaciones destacan que los defensores y defensoras ambientales desempeñan un rol crucial en la protección de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente y los territorios indígenas, pero enfrentan una creciente ola de violencia y persecución por parte de intereses económicos ilegales como el narcotráfico y la tala ilegal, así como por autoridades estatales que no garantizan la protección adecuada ni la investigación diligente de los crímenes cometidos en su contra.
