El cierre administrativo, una herramienta clave en el sistema migratorio de EE. UU., está bajo revisión como parte del Proyecto 2025, enfocado en reformar políticas migratorias. Esta medida, que permite archivar casos de deportación de inmigrantes sin antecedentes criminales, ha sido tema de debate desde su eliminación en 2018 durante la administración Trump.
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El cierre administrativo y el Proyecto 2025
Desde su implementación en la década de 1980, el cierre administrativo ha facilitado que muchos inmigrantes permanezcan en el país, a pesar de no contar con un estatus legal. Sin embargo, con la llegada de un nuevo gobierno, se prevé que esta herramienta sea eliminada, lo que podría resultar en un aumento significativo de deportaciones y un sistema judicial de inmigración aún más congestionado.
El Proyecto 2025, respaldado por más de 170 organizaciones y exfuncionarios del gobierno de Trump, propone poner fin al uso del cierre administrativo, lo que podría afectar a miles de inmigrantes que han encontrado en esta práctica una vía para regularizar su situación.
Recordemos que el cierre administrativo ha sido utilizado desde los años 80 para permitir que los jueces y fiscales de inmigración cierren casos de deportación que no representan una amenaza para la seguridad nacional.
Esta herramienta ha sido especialmente útil para aquellos inmigrantes que han establecido lazos significativos en Estados Unidos, como familias y empleos estables. Sin embargo, en 2018, el entonces fiscal general Jeff Sessions canceló su uso, lo que resultó en un aumento drástico de casos pendientes en los tribunales de inmigración.
Impacto de la eliminación del cierre administrativo
La decisión de eliminar el cierre administrativo ha tenido consecuencias significativas. Según datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), el número de casos acumulados en los tribunales de inmigración ha superado los 3,7 millones, lo que representa un aumento considerable desde la eliminación de esta herramienta.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) ha expresado su preocupación por la falta de recursos para manejar este volumen de casos, lo que afecta el debido proceso y la administración eficiente de la justicia.
El Proyecto 2025, que propone una serie de reformas migratorias, incluye la eliminación del cierre administrativo como una de sus principales recomendaciones. Este plan, que busca implementar un enfoque más estricto hacia la inmigración, ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentan que la eliminación de esta herramienta podría resultar en deportaciones masivas y en la separación de familias.
Reacciones y perspectivas futuras para los inmigrantes
La comunidad legal y los defensores de los derechos de los inmigrantes han manifestado su descontento con las propuestas del Proyecto 2025. Abogados de inmigración han señalado que el cierre administrativo es un recurso vital para manejar los casos de deportación de manera efectiva.
La incertidumbre sobre el futuro de esta herramienta plantea serias preguntas sobre cómo se manejarán los casos de inmigrantes en el nuevo contexto político.
Con la asunción de Donald Trump para un segundo mandato, se anticipa que las políticas migratorias se endurecerán aún más. La eliminación del cierre administrativo podría ser solo el comienzo de una serie de medidas que afectarán a millones de inmigrantes en Estados Unidos, lo que genera un clima de ansiedad y preocupación en la comunidad inmigrante.