El posible retorno de Donald Trump a la Casa Blanca ha reavivado las preocupaciones sobre la reimplementación de restricciones en el acceso a la residencia permanente para inmigrantes. Durante su anterior administración, entre 2017 y 2021, se adoptó una política que consideraba a los inmigrantes como una "carga pública", lo que también tuvo repercusiones negativas para ciudadanos estadounidenses.
Este contexto genera inquietud entre diversos sectores que temen un endurecimiento de las políticas migratorias en caso de que Trump asuma nuevamente el poder.
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De acuerdo con esta regla, las autoridades de inmigración tienen la facultad de negar la entrada a Estados Unidos o la concesión de la Green Card a cualquier extranjero que se considere que podría representar una carga para el país.
Lo que significa ser una "carga pública" para Estados Unidos
En 2019, Trump amplió la regulación para excluir a los inmigrantes que hubieran solicitado asistencia social para alimentación, vivienda o atención médica, como el programa Medicaid y el Seguro Médico para Niños (CHIP), lo que impidió que muchos indocumentados pudieran optar por la residencia permanente y obligó a numerosas familias a renunciar a ayudas para sus hijos estadounidenses.
La administración de Joe Biden revirtió los cambios implementados por el expresidente y flexibilizó las restricciones, pero es muy probable que Trump, al asumir la presidencia el 20 de enero, vuelva a endurecer la regla, reduciendo el número de personas que podrían ajustar su estatus migratorio.
“Sin duda, Trump volverá a restringir la carga pública, ya que le funcionó muy bien en su primer mandato, así que vamos a regresar a esa situación", comentó a EFE el abogado Fernando Romo, asesor de inmigración de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal).
Más vetos a los indocumentados
Durante la campaña, tanto Trump como su compañero de fórmula, el vicepresidente electo J.D. Vance, atacaron a los inmigrantes indocumentados, alegando que reciben beneficios destinados exclusivamente a los ciudadanos estadounidenses, aunque en realidad los inmigrantes indocumentados no califican para dichas ayudas.
Los defensores de los inmigrantes han expresado su preocupación por los posibles efectos negativos que podría generar la ampliación de esta política en las comunidades indocumentadas de bajos recursos, particularmente en las familias de estatus mixto, aquellas que tienen al menos un miembro que es ciudadano estadounidense.
Romo recordó que bajo la administración de Trump, los inmigrantes que solicitaban la residencia permanente debían demostrar su capacidad económica. “Debían proporcionar pruebas de que podían mantenerse por sí mismos, incluso si tenían un patrocinador”, explicó, añadiendo que no era favorable si el solicitante había declarado bancarrota o tenía un mal historial crediticio.
“Habrá cambios, pero no serán inmediatos. Mi consejo para los inmigrantes es que presenten sus impuestos, mantengan un buen crédito y abran cuentas de ahorro para no verse afectados”, indicó el abogado.