La Coalición de Inmigración de Nueva York, en colaboración con una inmigrante venezolana, ha interpuesto una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La acción legal busca que un tribunal federal declare inconstitucional la orden ejecutiva firmada el 21 de enero de 2025, que impide la concesión de ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados.
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Esta medida ha generado gran controversia, y se enfrenta a múltiples demandas en tribunales del país. Además, ha sido suspendida temporalmente por dos jueces federales.
Demandan a Donald Trump por negar ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados
Esta demanda fue presentada por la Coalición de Inmigración y la inmigrante de iniciales J.V., quien se encuentra embarazada y con Estatus de Protección Temporal (TPS), sostiene que la orden ejecutiva infringe la Enmienda 14 de la Constitución de los EE. UU., la cual garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense.
Según los demandantes, esta medida convertiría a los hijos de inmigrantes indocumentados en apátridas y los discriminaría por el origen de sus padres, vulnerando sus derechos constitucionales.
En dicho documento presentado por los demandantes, se argumenta que la aplicación de esta orden obligaría a aquellos niños nacidos después de su implementación a vivir "en las sombras" de la sociedad, sin los beneficios y oportunidades de los ciudadanos estadounidenses.
El caso destaca que la definición de ciudadanía está claramente establecida en la Constitución, y que esta ha sido una cuestión de derecho durante más de 127 años. La presidenta de la organización Latino Justice PRLDEF, que representa a los demandantes, expresó que el presidente ha cometido un error al creer que tiene el poder exclusivo para determinar quién puede ser ciudadano estadounidense.
J.V., la inmigrante venezolana de 31 años que llegó a Estados Unidos en 2023, podría ver afectada la ciudadanía de su hijo, el cual nacería en junio de 2025. Si la orden presidencial se mantiene, el niño estaría sujeto a la prohibición de ciudadanía por nacimiento, generando una situación compleja para él y su madre.
Esta demanda ha puesto en evidencia el conflicto entre las políticas migratorias del presidente Donald Trump y las garantías constitucionales de los Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a la ciudadanía por derecho de nacimiento.