Un juez federal en Maryland ha impuesto restricciones a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lugares de culto, en respuesta a las peticiones de diversas organizaciones religiosas. Esta resolución busca salvaguardar a los fieles y asegurar que los espacios de adoración no sean empleados para la detención de inmigrantes, promoviendo así un balance entre la aplicación de la ley y el respeto a la libertad religiosa.
Esta resolución surge en el marco de una demanda contra la administración de Donald Trump, que había eliminado una política que garantizaba la protección de espacios sensibles como iglesias, hospitales y escuelas.
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Juez RECHAZA redadas de ICE en 1700 templos y lugares de culto en EEUU
El magistrado Theodore David Chuang ha instruido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a que respete las directrices establecidas para 1.700 sedes de las organizaciones religiosas involucradas, las cuales están distribuidas en 37 estados. Las nuevas regulaciones exigen la autorización de la sede central de ICE y tienen como objetivo minimizar el impacto de la presencia de agentes en el acceso a los templos.
A pesar de que los demandantes lograron un triunfo parcial, el juez Chuang optó por no emitir una orden que tuviera un alcance nacional. Esto implica que otras instituciones religiosas, que no forman parte de la demanda, podrían seguir siendo objeto de redadas. No obstante, este fallo establece un precedente significativo en la protección del derecho a la libre asociación y la práctica religiosa sin el temor de intervenciones migratorias.
Por su lado, Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, la organización legal que representó a los grupos religiosos, expresó su satisfacción por la decisión. "Las instituciones religiosas no deberían verse obligadas a recurrir a los tribunales para salvaguardar su derecho constitucional a la libre práctica del culto", afirmó en declaraciones a medios de comunicación estadounidenses.
Esto sucederá con las redadas en los templos de EE.UU.
En paralelo, se desarrolla una demanda similar en el Tribunal del Distrito de Columbia, donde 27 organizaciones religiosas buscan obtener una protección comparable, aunque sin requerir una orden a nivel nacional. Antes de la revocación de la política, las áreas sensibles protegidas abarcaban no solo templos, sino también hospitales, escuelas, funerales y otros eventos comunitarios.
La contienda legal relacionada con estas redadas persistirá, ya que múltiples grupos religiosos continúan exigiendo medidas más amplias para salvaguardar a sus fieles de acciones migratorias en sus espacios sagrados.