¡Atención! El debate en torno a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos ha adquirido una nueva dimensión luego de la reciente firma de una orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump.
Esta medida del presidente de EEUU tiene como objetivo restringir el derecho constitucional consagrado en la 14.ª Enmienda, lo que podría resultar en la eliminación de la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados y aquellos que poseen visas temporales. No obstante, la propuesta ha enfrentado una rápida oposición en el ámbito judicial. En esta nota, todos los detalles.

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No aceptan drástica orden de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento
Como se sabe, el presidente Donald Trump ha expresado su deseo de reformar la política de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, un objetivo que se enfrenta a significativos obstáculos debido a la protección que brinda la 14.ª Enmienda de la Constitución.
Y es que, para llevar a cabo un cambio efectivo, sería imprescindible aprobar una enmienda constitucional, lo que requeriría el apoyo de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados del país americano, un proceso, casi imposible y muy complicado en el actual contexto político.
En este sentido, Trump intentó ofrecer una nueva interpretación de la 14.ª Enmienda, sosteniendo que los hijos de inmigrantes indocumentados no están completamente sujetos a las leyes estadounidenses. No obstante, la Corte Suprema ha reafirmado en múltiples ocasiones el derecho a la ciudadanía por nacimiento, subrayando el caso Wong Kim Ark vs. Estados Unidos (1898) como un precedente fundamental en este debate.
¿Quiénes son los jueces que rechazan la orden de Donald Trump?
Un grupo de jueces federales ha tomado medidas contundentes para detener la ejecución de la orden ejecutiva de Donald Trump, que pretende eliminar la ciudadanía por nacimiento. Hasta el 26 de febrero de 2025, cuatro magistrados han emitido fallos en contra de esta iniciativa, considerándola inconstitucional.
El 23 de enero, el juez John Coughenour, de Seattle, bloqueó la orden. Luego, el 6 de febrero, la jueza Deborah Boardman, de Maryland, dictaminó que la 14.ª Enmienda protege este derecho fundamental. El 10 de febrero, el juez Joseph N. Laplante, de Nueva Hampshire, también se pronunció en contra. Finalmente, el 13 de febrero, el juez Leo Sorokin, de Massachusetts, presentó un extenso documento de 31 páginas, afirmando que la Constitución garantiza la ciudadanía a las personas afectadas por la orden del republicano.