El 29 de enero, el presidente Donald Trump firmó la Ley Laken Riley, que introduce modificaciones fundamentales en el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados. Este cambio afecta tanto a los ciudadanos extranjeros en situación irregular como a las políticas migratorias del país, desencadenando un debate sobre la eficacia y las implicaciones sociales de la norma.
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Delitos que activan la deportación
Una de las características más destacadas de esta ley es la eliminación de la necesidad de una condena judicial previa para iniciar un proceso de deportación. Ahora, un simple arresto, acusación o incluso la admisión de delitos menores puede ser suficiente para iniciar un proceso de expulsión, ampliando enormemente las condiciones bajo las cuales un inmigrante puede ser deportado.
La Ley Laken Riley especifica una serie de delitos que, hasta ahora, no constituían motivo para deportar a un inmigrante. Entre estos se incluyen el robo con allanamiento, hurtos, agresión a un agente policial y otros crímenes que involucren lesiones o daños materiales superiores a 100 dólares, lo que le da a las autoridades mayores herramientas para aplicar medidas restrictivas.
Controversia en torno a las nuevas medidas
Esta ley ha suscitado una fuerte oposición por parte de organizaciones de derechos civiles, que temen que la medida pueda afectar a personas inocentes, especialmente cuando las acusaciones no estén respaldadas por pruebas sólidas. Grupos de derechos humanos temen que las nuevas disposiciones sean usadas de manera desproporcionada en contra de individuos sin antecedentes criminales graves.
Otra de las modificaciones que contempla la ley es el fortalecimiento del poder de las autoridades estatales, que ahora pueden demandar al gobierno federal si un inmigrante indocumentado comete un delito que cause daños económicos en un estado. Esta modificación refuerza la capacidad de los estados para intervenir en la aplicación de las políticas migratorias.
La Ley Laken Riley forma parte de una serie de cambios en las políticas migratorias de la administración Trump, lo que hace que el panorama de la migración en Estados Unidos sea cada vez más complejo. Los desafíos legales y las nuevas restricciones afectarán a miles de inmigrantes que, hasta el momento, no habían sido considerados sujetos a deportación.