El gobierno de Donald Trump continuó con las deportaciones de cientos de inmigrantes a El Salvador y otros países de América Central, a pesar de que un juez federal ordenó suspender temporalmente dichas expulsiones. La controversia surgió cuando los vuelos ya estaban en el aire al momento de emitirse la decisión de carácter judicial del juez James E. Boasberg, quien bloqueó las deportaciones bajo una declaración de guerra de 1798.
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Los vuelos no regresan a pesar de la orden verbal
Boasberg emitió una orden verbal de que los aviones que ya transportaban a los migrantes regresaran a EE.UU., pero aparentemente no se cumplió. Los migrantes, que viajaban a El Salvador y Honduras, fueron deportados antes de que la orden escrita fuera formalmente ejecutada. El Departamento de Justicia de EE.UU. alegó que los deportados ya habían dejado el país antes de la emisión de la orden.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró la deportación de los migrantes en redes sociales, agradeciendo al gobierno de Trump por su apoyo. Además, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aplaudió la expulsión de más de 250 presuntos miembros del Tren de Aragua, una pandilla venezolana. Sin embargo, el profesor Steve Vladeck advirtió que el gobierno violó el "espíritu" de la orden judicial, lo que podría generar repercusiones en futuros litigios.
Uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798
El gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación histórica que ha sido utilizada solo tres veces en la historia de EE.UU., incluyendo durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esta ley otorga poderes extraordinarios al presidente para detener o deportar a extranjeros durante una guerra declarada, pero su aplicación en este contexto ha generado controversia, especialmente por su uso contra venezolanos bajo la acusación de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua.
Cabe resaltar que, el gobierno de Venezuela condenó el uso de la ley, señalando que recuerda episodios oscuros de la historia, como la esclavitud y los campos de concentración nazis. Además, defensores de los derechos humanos advirtieron que esta ley permite deportaciones arbitrarias, ya que cualquier venezolano podría ser acusado sin evidencia de pertenecer a la mencionada pandilla, lo que deja a muchos sin posibilidad de defensa.
El litigio presentado por cinco venezolanos detenidos en Texas llevó a la suspensión temporal de las deportaciones, lo que permitió que los migrantes bajo custodia federal permanecieran en EE.UU. durante al menos 14 días mientras se resolvía el caso. El juez Boasberg destacó que los migrantes necesitaban la oportunidad de que sus casos fueran escuchados en corte antes de ser expulsados, señalando que una vez fuera del país, sería difícil corregir cualquier injusticia.