El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su descontento con el juez federal que ha bloqueado temporalmente las deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos, pidiendo su destitución junto a otros magistrados involucrados en sus casos. Conoce en esta nota el fuerte pedido que hizo y qué pasará en los próximos días con los extranjeros en el país americano.
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Trump pide destitución de juez que bloqueó las deportaciones de extranjeros en EEUU
En un mensaje publicado en Truth Social, Trump calificó al juez de "Lunático de Izquierda Radical", argumentando que su nombramiento fue realizado por Barack Obama y cuestionando su legitimidad al señalar que no obtuvo el voto popular ni ganó en los estados clave durante las elecciones.
El juez de distrito James Boasberg, quien tomó la decisión de suspender las deportaciones para revisar la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, fue designado inicialmente por George W. Bush y posteriormente por Obama.
Este lunes, Boasberg solicitó al Gobierno de EE. UU. una justificación sobre los vuelos de deportación que la administración Trump había autorizado, a pesar de su orden de retorno.
Por su parte, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que no ha escuchado al presidente proponer acciones legales contra los jueces. Trump ha mantenido una postura crítica hacia los magistrados que han fallado en su contra, incluyendo al juez Juan Merchan, encargado de su caso de pagos por silencio en Nueva York, y al juez Arthur Engoron, quien supervisa el caso de fraude civil presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Críticas a la Ley de Enemigos Extranjeros y medidas de Trump
Cuatro senadores del Partido Demócrata, miembros del Comité Judicial del Senado y encabezados por Dick Durbin, sublíder de la bancada, emitieron un comunicado el lunes en el que criticaron la decisión del expresidente Donald Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros.
En su declaración, describieron esta normativa como una "ley arcaica de tiempos de guerra" y denunciaron que su aplicación por parte de Trump constituye un intento de imponer la legislación migratoria en lo que consideran "una toma de poder ilegal y descarada".