En un entorno caracterizado por el avance acelerado de la tecnología, el presidente Donald Trump firmó la ley bipartidista conocida como 'Take It Down Act'. Esta legislación impone sanciones más estrictas para quienes publiquen imágenes sexualmente explícitas en línea sin el consentimiento de las personas involucradas o con intenciones maliciosas, enfocándose particularmente en la problemática de la pornografía vengativa.
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Aspectos clave de la ley 'Take It Down Act' apoyada por Donald Trump
La ley 'Take It Down Act' es una normativa cuyo propósito es luchar contra la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, abarcando también los deepfakes. Sus puntos principales son:
- Delito federal: La publicación no autorizada de imágenes íntimas, incluidas aquellas generadas digitalmente, se considera un delito federal siempre que sean lo suficientemente realistas.
- Eliminación obligatoria en 48 horas: Las plataformas en línea tienen la obligación de eliminar el contenido en un plazo máximo de 48 horas después de recibir la denuncia de la víctima y de hacer esfuerzos para suprimir todas las copias del material.
- Compartir con autoridades: La ley permite que las imágenes sean entregadas a las autoridades, como policías o abogados, para facilitar la denuncia y la protección de la víctima.
- Protección de quienes actúan de buena fe: Los agentes de la ley, abogados y personal de plataformas están protegidos cuando comparten imágenes con el fin de denunciar o ayudar a la víctima.
- Intencionalidad: La publicación de este contenido solo será sancionada si se realiza de manera intencional y con el conocimiento de que no tiene consentimiento. Asimismo, una imagen digitalmente generada será ilegal solo si es indistinguible de una imagen real para una persona promedio.
¿Quiénes se oponen a la ley contra la pornovenganza en EE. UU.?
A pesar del amplio apoyo bipartidista, la ley ha sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones y expertos en derechos digitales. Se teme que su falta de precisión legal pueda permitir abusos, persecución política y censura de contenidos.
El proyecto no recibió el apoyo de la Cyber Civil Rights Initiative (CCRI), que representa a víctimas de la distribución no consentida de imágenes íntimas (NCII). En un comunicado, la organización destacó que la redacción de la ley es "inconstitucionalmente vaga y excesivamente amplia", lo que dificulta su interpretación y aplicación. Además, señaló que carece de garantías adecuadas contra el abuso, lo que podría fomentar denuncias de mala fe y restringir la libertad de expresión.
Asimismo, en febrero, una docena de organizaciones envió una carta al Senado advirtiendo que la ley podría suprimir discursos legales y protegidos, afectando la libertad de expresión en línea. Criticaron el mecanismo de notificación y retirada (NTD) que la ley contempla, señalando que podría resultar en la eliminación de contenidos no ilegales o no relacionados con imágenes íntimas no consensuadas, lo cual podría ser inconstitucional.