En junio de 2025, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley HR 875, obteniendo 209 votos a favor y 160 en contra. De convertirse en ley, esta iniciativa facilitará la deportación de inmigrantes que hayan sido condenados por conducir bajo la influencia de alcohol o drogas. La medida ha generado un intenso debate sobre sus implicancias en la comunidad inmigrante y la política de inmigración del país.
La reciente decisión ha desatado un acalorado debate en torno a sus repercusiones en la comunidad inmigrante y en la política migratoria nacional. En Líbero, se ofrece un análisis completo sobre la situación actual y los posibles efectos de esta medida.
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Inmigrantes arrestados por DUI serían deportados si se aprueba este proyecto de ley en EE. UU.
El proyecto de ley HR 875 propone modificar la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para que cualquier extranjero con una condena por DUI, o que haya admitido haber cometido este delito, sea considerado inadmisible para entrar al país o susceptible de deportación.
La legislación busca prohibir la entrada a Estados Unidos a personas no ciudadanas con antecedentes de DUI, así como permitir la deportación de quienes ya residan en el país y tengan una condena firme por este delito.
Actualmente, el proyecto se encuentra en revisión en el Comité de Justicia del Senado de Estados Unidos, a la espera de su aprobación definitiva.
¿Cuál es el impacto en inmigrantes con Green Card que tienen antecedentes de DUI?
Haim Vásquez, abogado especializado en inmigración en Dallas, Texas, explicó a Univision que esta ley podría afectar significativamente a quienes tienen residencia permanente (Green Card) y antecedentes de DUI.
El experto señala que, de aprobarse, la ley no solo impediría que estos migrantes soliciten a sus familiares o la ciudadanía, sino que también podría iniciar procedimientos para revocar su estatus migratorio y ordenar su deportación.
Además, Vásquez advierte que, aunque no está claro si la ley tendría efecto retroactivo, las normas migratorias suelen aplicar sanciones a delitos cometidos incluso antes de la entrada en vigor de una nueva ley, lo que podría agravar la situación para muchas personas.