El Ejecutivo nacional sorprendió al anunciar cambios significativos en la supervisión de las compras en efectivo en Estados Unidos, enfocándose especialmente en las operaciones de mayor riesgo.
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La medida tiene como finalidad fortalecer la identificación de los participantes y reducir la posibilidad de abusos. Aunque la regulación entrará en vigor de manera completa en 2026, ya se han adoptado controles preventivos para preparar el sistema ante la nueva normativa. A continuación, más detalles.
¿Quiénes estarán bajo vigilancia por sus compras en efectivo?
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) anunció la ampliación de las Órdenes de Focalización Geográfica (GTOs), normativas que obligan a revelar la identidad de los verdaderos propietarios detrás de empresas usadas para adquirir propiedades sin financiamiento. La renovación regirá desde el 10 de octubre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2028.
Propiedades al contado estarán bajo mayor vigilancia federal.
Esta actualización se produce mientras el Gobierno aplaza hasta marzo de 2026 la implementación de la normativa nacional contra el lavado de dinero en transacciones inmobiliarias residenciales.
¿Qué compras podrían investigarte?
Si realizas operaciones al contado, estas son las que podrían activar una revisión federal:
- Propiedades compradas totalmente en efectivo.
- Transacciones hechas a través de empresas pantalla o estructuras difíciles de rastrear.
- Operaciones que lleguen al umbral federal fijado por FinCEN.
¿En qué partes del país se aplicarán estas investigaciones?
El mapa de vigilancia se mantiene, pero ahora incorpora zonas con mayor volumen de operaciones inmobiliarias sensibles. Entre las áreas incluidas están:
- California, Florida, Nueva York, Texas, Nevada, Massachusetts, Washington, Illinois, Colorado, Connecticut, Maryland, Virginia, Hawái y el Distrito de Columbia.
En la mayoría de estas jurisdicciones, el umbral sigue siendo de $300,000, salvo en Baltimore, donde es de $50,000. Según FinCEN, estos datos permiten detectar patrones de redes ilícitas y reforzar la supervisión federal sobre el mercado inmobiliario.