Una gestión sin precedentes del Gobierno de Donald Trump ha afectado directamente a los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos.
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Más de 250 ciudadanos fueron deportados a El Salvador, enviados a la cárcel de pandilleros Cecot, y han denunciado torturas, malos tratos y violaciones a sus derechos humanos. La medida ha generado indignación y preocupación entre comunidades migrantes y defensores de los derechos humanos.
Deportaciones masivas y violaciones al debido proceso
Desde 2025, Trump implementó medidas que incluyen la pausa de procesos migratorios, el fin de protecciones humanitarias y la inclusión de Venezuela en la lista de países de "alto riesgo". Muchos venezolanos fueron etiquetados como miembros de la pandilla Tren de Aragua sin evidencia sólida y enviados a cárceles fuera de Estados Unidos, dejando a sus familias sin información sobre su paradero durante semanas.
Venezolanos deportados denuncian abusos y violaciones de derechos humanos.
Abogados defensores denunciaron que estas personas tenían procesos de asilo o ciudadanía pendientes y que nunca se les dio la oportunidad de apelar sus deportaciones, lo que constituye una grave violación al debido proceso legal.
Testimonios de abuso y condiciones extremas
Los deportados relatan golpes diarios, aislamiento, privación del sueño y la comida, así como la imposibilidad de bañarse regularmente y vivir en espacios pequeños y oscuros. Los videos filtrados muestran a los venezolanos pidiendo ayuda y gritando por libertad, lo que ha sido calificado por organizaciones de derechos humanos como desapariciones forzosas y violaciones de derechos humanos.
Cuatro meses después, tras un canje de presos entre Estados Unidos y Venezuela, los 252 inmigrantes regresaron a Caracas, donde relataron públicamente las condiciones extremas que vivieron en la prisión de El Salvador.
Impacto en la comunidad inmigrante
Estas deportaciones han generado miedo e incertidumbre entre los venezolanos que residen legalmente en EE. UU., así como entre otras comunidades latinoamericanas. La política migratoria de Trump ha evidenciado un enfoque específico contra una nacionalidad, lo que ha sido criticado por defensores de derechos humanos, abogados y organismos internacionales como ACNUR.
El caso también ha puesto en evidencia la necesidad de protecciones legales y humanitarias más sólidas para inmigrantes vulnerables, así como el riesgo de que decisiones políticas afecten de manera desproporcionada a grupos específicos.