El gobierno de Estados Unidos ha incrementado recientemente los incentivos para que inmigrantes sin papeles consideren la llamada autodeportación, ofreciendo hasta $3,000 y un vuelo gratuito a su país de origen. Aunque sobre el papel esta iniciativa parece una solución rápida para quienes viven con miedo constante a redadas de ICE, la decisión puede tener consecuencias migratorias duraderas para familias mexicanas, salvadoreñas, caribeñas o centroamericanas.
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Comunidades latinas en ciudades como Los Ángeles, Houston, Chicago, Nueva York o Miami reciben la información con curiosidad y preocupación, evaluando si este programa realmente les brinda seguridad financiera o si los dejará con antecedentes que dificulten un regreso legal al país.
Cómo funciona el programa de autodeportación
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que los inmigrantes indocumentados que se registren antes de finales de 2025 a través de la aplicación CBP Home pueden recibir $3,000, un vuelo pagado y condonación de ciertas multas civiles. Para muchos, esto suena a una salida "sin complicaciones" y la posibilidad de "limpiar su récord".
Inmigrantes evalúan el programa de autodeportación con bono de $3,000 y vuelo gratis antes de fin de año.
Sin embargo, registrarse significa que tus datos personales, migratorios y biométricos quedan almacenados en los sistemas de CBP y DHS, y ese historial no desaparece solo por salir del país. Cada decisión queda registrada y puede influir en futuras solicitudes de visas o residencia.
Consecuencias migratorias a largo plazo
El mayor riesgo de la autodeportación es el castigo migratorio. Dependiendo del tiempo vivido sin estatus legal, los inmigrantes pueden enfrentar prohibiciones de entrada de tres a diez años o incluso restricciones permanentes. Esto afecta no solo al individuo, sino a sus familiares, incluso si algunos son ciudadanos estadounidenses.
Además, salir bajo este programa puede dificultar solicitar visas de turista, de trabajo o residencia en el futuro. Aunque el gobierno ofrece dinero como incentivo, las puertas que se cierran pueden ser permanentes, limitando oportunidades educativas, laborales y familiares.
Impacto en jóvenes y comunidades latinas
El DHS también ofrece hasta $2,500 adicionales a adolescentes que acepten regresar a sus países de origen. Esto preocupa a defensores de derechos humanos, quienes advierten que jóvenes podrían tomar decisiones apresuradas, motivados por urgencia económica o miedo a ICE, sin considerar cómo afectará sus estudios o planes universitarios.
La falta de transparencia sobre cuántos inmigrantes realmente reciben el dinero y en qué condiciones genera desconfianza en comunidades latinas, donde la decisión de "irse" o "quedarse" se discute cotidianamente en hogares, iglesias y espacios comunitarios.