Unos 350.000 haitianos que viven en Estados Unidos bajo el Estatuto de Protección Temporal (TPS) podrían ser deportados tras el anuncio del gobierno de Donald Trump de poner fin al programa. Muchos de ellos llegaron tras el devastador terremoto en Haití en 2010 y han trabajado durante más de una década en sectores críticos del país.
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El TPS fue extendido sucesivamente debido a la crisis de seguridad y la violencia de pandillas en Haití. Sin embargo, la jueza federal Ana Reyes suspendió temporalmente la eliminación del programa, dando un respiro a los beneficiarios mientras los tribunales evalúan si es seguro regresar a su país de origen.
Impacto en el sector salud y cuidado de adultos mayores
Miles de haitianos laboran como enfermeros, auxiliares de enfermería, cuidadores de adultos mayores, médicos y personal de apoyo, desempeñando un papel clave en hospitales, hogares de ancianos y centros de rehabilitación. Su posible deportación pondría en riesgo la atención de pacientes y aumentaría la escasez de personal en áreas esenciales.
Miles de inmigrantes haitianos bajo TPS corren riesgo de deportación.
Según Rob Liebreich, presidente de Goodwin Living, el sector de atención a personas mayores necesitará más de tres millones de trabajadores adicionales para 2040. La salida de los haitianos del TPS afectaría directamente la calidad del cuidado, la confianza entre pacientes y profesionales y la operatividad de estas instituciones.
Reacciones y contexto legal
Organizaciones como Sant La en Miami y LeadingAge destacan que los haitianos contribuyen pagando impuestos, fortalecen las comunidades locales y son esenciales en la fuerza laboral. La eliminación del TPS podría tener repercusiones económicas y sociales significativas, más allá de la pérdida de trabajadores capacitados.
El gobierno de Trump sostiene que el TPS nunca fue un programa de asilo y busca restaurar la integridad del sistema de inmigración. Sin embargo, la jueza Reyes señaló que se ignoraron requisitos legales y que Haití sigue siendo un país inseguro, con violencia, pobreza y crisis política que pondrían en riesgo a los deportados.
