¡Mucha atención! Recientemente, el Departamento de Justicia (DOJ) sorprendió al anunciar públicamente una demanda contra Nueva Jersey y la gobernadora Mikie Sherrill. La medida se ha llevado a cabo por su Orden Ejecutiva N.° 12, resaltando que la autoridades y dicho estado están ocasionando restricciones y complicaciones a la hora de la aplicación de las leyes de inmigración. AQUÍ más detalles.
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DOJ demanda a este estado por poner restricciones en los agresivos arrestos de ICE
'El Diario US' y otros portales informaron que el 11 de febrero, la gobernadora de Nueva Jersey, Sherrill, impactó a muchos al firmar una orden ejecutiva en Trenton, argumentando que era necesaria dicha acción para prevenir que el presidente Trump transforme a las fuerzas del orden del estado en milicias.
En sus declaraciones, Sherrill no pudo evitar resaltar su preocupación por lo que pueden traer consigo las milicias, señalando lo siguiente: "He visto cómo son las milicias irresponsables y el miedo y el peligro que propagan". Cabe mencionar que la orden restringe el acceso a áreas de concentración, centros de procesamiento y operaciones federales de inmigración en todo el territorio estatal.
No obstante, hace unos días, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra Nueva Jersey. La Fiscal General, Pamela Bondi, expresó mediante un comunicado que "los agentes federales arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Nueva Jersey", y criticó las políticas de santuario implementadas por el estado.
Ante la demanda, Sherrill señaló en una conferencia que el enfoque del gobierno federal debería ser mejorar la capacitación de los agentes de ICE, recomendando que ellos deberían recibir un entrenamiento similar al de los agentes del orden público en Nueva Jersey para operar de forma mucho más efectiva y segura.
¿Cuál es la polémica orden de Sherrill en contra de las medidas migratorias?
Cabe añadir, bajo este contexto, que esta orden ejecutiva de Sherrill hace referencia a una prohibición para que el ICE y otros funcionarios federales de inmigración realicen arrestos de personas indocumentadas en espacios no públicos de propiedad estatal.
Asimismo, la medida incluye de manera específica a los centros penitenciarios estatales, buscando de esta manera proteger a los individuos en estas instalaciones de acciones migratorias, ordenas por el republicano Trump.
