El 9 de julio de 1982, en una festiva ceremonia, se entregó al deporte guayaquileño el complejo de piscinas del Centro Cívico, una bella instalación con una pileta de 50 metros y otra de 25 metros, graderías para dos mil personas, camerinos, oficinas, carrileras importadas y otras comodidades. Para el Mundial 1982 hubo en ella una fiesta maravillosa. Se realizó allí, por primera vez, la competencia de polo acuático femenino con tribunas llenas.
Después del Mundial entrenó y se formó allí el equipo del Bancentral, bajo el mando técnico y la administración de Roberto Frydson. Muchos campeones se formaron en sus piletas que fueron sede de inolvidables torneos internacionales como el llamado Ciudad de Guayaquil, que fue un suceso deportivo de grandes repercusiones. Con buen criterio el Banco Central entregó luego en comodato las piscinas al Club Sport Emelec, otra vez bajo la dirección y administración de Roberto Frydson –uno de los entrenadores nacionales más exitosos de la historia de la natación nacional–, con quien los eléctricos se cansaron de ganar campeonatos. Fue Roberto quien mantuvo con vida la piscina del Centro Cívico durante más de diez años sin pedir nada a los organismos federativos, pero entregando a Guayas y Ecuador sobresalientes nadadores en el ámbito nacional e internacional.
Cuando la política entró a destruir la institucionalidad deportiva del país y ‘ciudadanos revolucionarios’ que nunca habían pateado una pelota ni tenían la más leve idea de administración deportiva coparon todas las federaciones y asociaciones, todo el andamiaje se vino al suelo. Se destituyó por la fuerza a las federaciones nacionales para apropiarse del Comité Olímpico Ecuatoriano y ponerlo a órdenes del dueño del país. Los intereses prevalecientes no eran los deportivos sino los políticos: el deporte como vía de propaganda gubernamental.
Los años dieron como resultado que el proyectil saltara por la culata. ¿Un ejemplo?: la malhadada ‘Nueva Era’ en la Federación Deportiva del Guayas, que derribó toda la historia gloriosa de nuestro deporte provincial desde su fundación en 1922. El hacha política manejada diestramente por Pierina Correa desde 2011 arrancó de cuajo todo lo existente. Aunque manejó cerca de 100 millones de dólares hasta que la echaron, casi todos los escenarios deportivos de la Federación fueron desguazados y otros desaparecieron.
Hace un año Fedeguayas fue intervenida por orden de la Secretaría Nacional de Deportes por manejo negligente en el mantenimiento de los bienes deportivos (lo mismo que hizo la Secretaría del Deporte con las piscina del Forestal). Ha pasado un ejército de interventores; se ha prolongado el periodo legal de esta medida, pero hasta hoy no se conoce ni una palabra sobre el manejo financiero institucional. ¿Negligencia, protección o falta de comunicación?
Una de las víctimas de la política instalada en el deporte con la ley dictada en agosto del 2010 fueron las piscinas del Centro Cívico y la natación guayaquileña. El Banco Central despojó a Emelec de la administración técnica y, según se ha dicho, la entregó al Ministerio de Cultura. ¿Bajo qué fundamentos legales? No se sabe. Lo que sí se conocía en aquellos tiempos es que dicho ministerio había destruido el Archivo Histórico del Guayas, que dejó de ser manejado por guayaquileños desde los tiempos de Julio Estrada Ycaza y José Antonio Gómez. Los funcionarios en Guayaquil, pese a sus esfuerzos por mantener la actividad cultural, no podían comprar ni siquiera papel para copias. Se perdió la página web con sus artículos históricos y más de 3000 fotos porque el ministerio no pagó los $14 anuales por la página.
Las letras que estaban en la parte alta del edificio empezaron a caerse y la pintura a descascararse. El MAAC (Museo Antropológico de Arte Contemporáneo) estuvo a punto de desaparecer y tuvo que ser auxiliado por el Municipio de Guayaquil. Si estas entidades culturales fueron abandonadas por ese ministerio centralizador ¿cómo no iban a serlo las piscinas del Centro Cívico?
Cuando nuestro local deportivo empezaba su declive ruinoso sucedió lo peor: lo pasaron al Ministerio del Deporte, un monumento burocrático inútil, dispendioso e hiperpolitizado. Pese a tener más de cuatro años en el ministerio y la secretaría, Andrea Sotomayor alega que no puede hacer nada para rescatar las piscinas porque no sabe quién es el dueño. En una entrevista con Andrés López, por Radio Visión, de Quito, dijo: “Hemos estado atrás de ese tema para ver cuándo pasan a la Secretaría. Tenemos el escenario, pero debemos tener el presupuesto para darle mantenimiento y buen uso, lo contrario sería irresponsable. Hay que invertir casi $2,5 millones porque están bastante descuidadas y una vez que se invierta hay que hacer gestiones para darles uso”.
Agregó: “No hay plazo para ejecutar un plan de rescate. Es difícil porque tiene varios candados administrativos que hasta el día de hoy no podemos dilucidar”. Si para la alta funcionaria del gobierno de Alianza PAIS no hay dinero para rescatar las piscinas del Centro Cívico, ¿cómo explica que los mismos
$2,5 millones hayan sido gastados por el Ministerio de Inclusión Social (MIES) en funciones de circo que son solo gasto de propaganda inútil sobre ‘la obra’ gubernamental?
La excusa de la secretaria del Deporte de ignorar bajo qué dependencia está el escenario deportivo no es válida. Cuando asumió en el 2017 sabía muy bien que las piscinas se hallaban bajo la responsabilidad de su cartera. En el 2016, el ministro Xavier Enderica (quien estuvo de febrero de 2015 a enero de 2017), visitó el local deportivo con personal técnico y en un informe público de junio-julio del 2016 declaró que ya en el Plan Operativo Anual (POA) del 2015, se destinaban $170 000 para los estudios de rehabilitación y un rubro de $504 750,24 para la ejecución de la rehabilitación de la sede náutica.
Y en las fichas informativas del proyecto de la Coordinación de Administración e Instalaciones Deportivas del Ministerio del Deporte del 2016, actualizadas hasta el 8 de enero de 2018 –cuando Sotomayor ya estaba en el cargo–, se habla de una “reasignación de recursos a la subsecretaría técnica de apoyo para la rehabilitación de las piscinas del Centro Cívico”, con fecha diciembre del 2015. ¿Así que la secretaria no sabe quién responde por la negligencia en la administración y custodia de un bien público?
El artículo 233 de nuestra Constitución dispone en el primer inciso que “ninguna servi-dora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”.
La investigación para establecer la responsabilidad administrativa, civil culposa e indicios de responsabilidad penal por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos, se aplicarán a los dignatarios, funcionarios y servidores de los organismos e instituciones del Estado y corresponde a la Contraloría General del Estado, la que tendrá potestad exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. Los funcionarios que, en ejercicio indebido de las facultades de control, causen daños y perjuicios al interés público o a terceros, serán civil y penalmente responsables.
Las denuncias por la indolencia y dejadez de los funcionarios públicos que han estado a cargo de las piscinas del Centro Cívico han sido publicadas desde hace más de dos años por los medios de comunicación y las fotografías han causado general indignación, pero la Contraloría General del Estado ha hecho oídos sordos. Exigimos a esta oficina de control una actuación transparente ante la destrucción de un bien público que le costó mucho dinero al pueblo ecuatoriano. (O)