Una reciente y polémica resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos podría agravar la situación de los inmigrantes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). En el caso Bouarfa v. Mayorkas, la Corte determinó que no será posible llevar a cabo una revisión judicial de la revocación de solicitudes de visa de inmigrante, lo que significa que estas decisiones quedarán completamente bajo la autoridad del USCIS.
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Drástica decisión de la Corte Suprema que perjudica a los inmigrantes ante USCIS
Como se comentó en líneas anteriores, en el reciente caso de Bouarfa v. Mayorkas, la Corte Suprema dictaminó que las revocaciones de las peticiones de visa de inmigrante no pueden ser revisadas por los tribunales. Dicha situación involucra a la Sra. Bouarfa, una ciudadana estadounidense cuya petición de visa de inmigrante para su cónyuge no ciudadano fue revocada por el USCIS.
La Corte respaldó la decisión del USCIS, argumentando que le corresponde al Secretario de Seguridad Nacional la discreción para revocar estas peticiones sin necesidad de justificación adicional. La Sra. Bouarfa intentó impugnar la revocación, pero la Corte cerró la vía judicial para los inmigrantes que buscan desafiar tales decisiones.
Esta medida perjudica a la comunidad inmigrante al eliminar la posibilidad de impugnar judicialmente las revocaciones de las peticiones de visa de inmigrante. Esto significa que, si el USCIS decide revocar una visa, los inmigrantes afectados no podrán recurrir a los tribunales para cuestionar esa decisión, incluso si consideran que fue arbitraria o injusta.
¿Qué aspectos no ha dejado claro la Corte Suprema en esta decisión?
A pesar de la clara restricción en la revisión judicial, la Corte Suprema no resolvió si esta prohibición se debe aplicar a casos donde el no ciudadano no esté en proceso de deportación. Este vacío legal deja incertidumbre sobre si la misma regla se extenderá a otras situaciones que no involucren deportación.
Además, no se abordó el impacto de esta medida en las peticiones de visa basadas en el empleo, lo que podría generar dificultades tanto para inmigrantes como para empleadores que dependen de estas aprobaciones para continuar con sus actividades laborales.
Esta decisión puede traer consecuencias negativas para miles de inmigrantes y sus familias, y genera dudas sobre el futuro de las políticas migratorias en EE. UU.