El gobierno de Donald Trump puso en marcha una política migratoria que amplía la autoridad de las agencias de Estados Unidos para denegar solicitudes de residencia y agilizar las expulsiones, basándose en ciertos criterios de "enfermedades contagiosas". La regulación, que apareció en el Registro Federal, comenzó a aplicarse el 31 de diciembre, despertando inquietud entre especialistas en inmigración y defensores de los derechos humanos.

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Medida de Donald Trump amplía deportaciones por nuevo criterio y desfavorece a ciertos inmigrantes
De acuerdo con USCIS, la política permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Departamento de Justicia (DOJ) considerar los riesgos para la salud pública como motivo suficiente para negar el asilo o la suspensión de la expulsión. Bajo esta norma, los funcionarios de asilo tienen la discrecionalidad de evaluar las solicitudes durante emergencias de salud pública y decidir si procede la retención legal de la expulsión.
En ese sentido, la nueva medida de seguridad permite a las autoridades de EE. UU. rechazar solicitudes de asilo y ampliar las deportaciones por "riesgos inmediatos para la salud pública debido a enfermedades contagiosas".

Activistas inmigrantes consideran xenófobas las medidas por asociar a los extranjeros con enfermedades.
Según USCIS, estas medidas se activaron tras eventos recientes de seguridad, como el tiroteo en Washington atribuido a un ciudadano afgano, que provocaron la suspensión temporal de todas las solicitudes de asilo el 2 de diciembre.
Origen y alcance de la política: de la pandemia a la deportación
La regla tiene su origen en 2020, en plena pandemia de COVID-19, pero su implementación se pospuso varias veces hasta 2025. Según USCIS, aunque actualiza criterios anteriores, la norma mantiene sin cambios las disposiciones prácticas de salud pública y permite a los inmigrantes solicitar la suspensión de la expulsión por persecución en su país de origen, ya sea por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social.
Sin embargo, la medida introduce prohibiciones obligatorias durante las evaluaciones de "miedo creíble" y no define con claridad qué enfermedades contagiosas se consideran un riesgo suficiente para denegar el asilo.