Debido a las drásticas políticas migratorias establecidas por Donald Trump, la incertidumbre en las comunidades inmigrantes se hace presente. Ante este panorama que se caracteriza por el temor de ser detenido por las agencias migratorias, es indispensable tener en cuenta que, incluso si no se cuenta con documentos o estatus legal en Estados Unidos, los inmigrantes tienen un derecho constitucional indispensable establecido en la Quinta Enmienda que los ayuda a enfrentar estas adversidades. ¿Cuál es? En esta nota te contamos.
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¿Qué derecho protege a los inmigrantes según la Quinta Enmienda?
Según la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, los inmigrantes indocumentados tienen derecho a guardar silencio. Es decir, cuentan con una protección que les permite no incriminarse a sí mismos durante una interacción con agentes de ICE o cualquier otra autoridad. Siendo así, tienen la facultad de optar por no responder preguntas que puedan revelar su estatus migratorio.
¿Con qué otros derechos cuentan los inmigrantes en Estados Unidos?
Además del derecho mencionado anteriormente, los inmigrantes tienen la capacidad de contratar a un abogado para que los represente en procedimientos migratorios. Aunque el gobierno no proporciona un abogado de oficio, la presencia de este profesional puede influir significativamente en el resultado del caso.
A su vez, con base en la Cuarta Enmienda de la Constitución, la comunidad inmigrante está protegida contra registros y confiscaciones irrazonables. Si un agente de ICE solicita ingresar a una vivienda, el residente tiene el derecho de exigir una orden judicial firmada por un juez antes de permitir la entrada.
Por su parte, la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación por origen nacional, raza o religión en ámbitos como empleo y educación. Con esto en mente, se estable que los inmigrantes en Estados Unidos no deben ser tratados de manera desigual debido a su estatus migratorio.
Finalmente, según la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia (EMTALA), los hospitales que reciben fondos federales deben proporcionar atención médica de emergencia a cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio o capacidad de pago.