Las tarjetas municipales creadas en ciudades de California como Richmond y Oakland para ayudar a los inmigrantes indocumentados a acceder a servicios esenciales, como abrir cuentas bancarias o solicitar vivienda, ahora están siendo cuestionadas debido a los riesgos de seguridad asociados. Pese a que inicialmente fue diseñada con buenas intenciones, estas tarjetas podrían ser utilizadas por agencias federales como el ICE para identificar, rastrear y deportar inmigrantes.
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El riesgo oculto de las tarjetas municipales para indocumentados
A pesar de los beneficios que estas tarjetas ofrecen, los defensores de la privacidad advierten que los datos almacenados en los sistemas podrían ser accesibles por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Brian Hofer, director de Secure Justice, expresó su preocupación por la falta de advertencias sobre estos riesgos en los sitios web de los programas, lo que podría llevar a los inmigrantes a exponer involuntariamente su información personal a autoridades federales.
Pese a que la ciudad de Richmond eliminó la función de débito de su tarjeta en 2022, los datos de los beneficiarios podrían seguir almacenados en bases de datos privadas, lo que hace que la información sea susceptible de ser consultada por el ICE sin el conocimiento de los usuarios.
Este riesgo se ve agravado por los reportes que indican que en el pasado, agencias como el ICE han pagado grandes sumas a empresas de datos para acceder a registros de inmigrantes.
El caso de las tarjetas municipales en California ilustra una creciente preocupación por la privacidad de los datos de los inmigrantes y las consecuencias que las políticas migratorias más estrictas pueden tener sobre ellos.
Aunque los programas están destinados a ofrecer ayuda, los expertos en privacidad consideran que debe existir mayor transparencia sobre los peligros que conlleva compartir información personal en estos sistemas.
Este problema pone en evidencia la tensión entre la ayuda que los inmigrantes pueden recibir y los posibles riesgos de que esa ayuda sea utilizada en su contra. Los defensores de la privacidad siguen pidiendo que se informen adecuadamente a los beneficiarios sobre los riesgos asociados a estos programas.