A partir del 1 de enero de 2026, Texas implementará una de las medidas más estrictas de su política migratoria: el Proyecto de Ley Senatorial 8 (SB-8). Esta legislación exigirá que los alguaciles de los condados con cárceles colaboren de manera formal y sistemática con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ampliando significativamente el papel de las autoridades locales en asuntos de inmigración, según informó Diario AS.
Texas aplicará en 2026 una ley antiinmigración que refuerza la cooperación con el ICE.
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La SB-8 marca un punto de inflexión en la gestión migratoria del estado al institucionalizar el controvertido programa federal 287(g), que permite a la policía local y estatal asumir funciones tradicionalmente reservadas al gobierno federal. La ley no solo obliga a los condados a cooperar, sino que también los incentiva con subvenciones que van de 80,000 a 140,000 dólares, destinadas a la capacitación de agentes, la implementación de protocolos y la ejecución de tareas migratorias.
¿Cómo cambia la SB-8 la vida de los inmigrantes indocumentados en Texas?
De acuerdo con Diario AS, la SB-8 fortalecerá el control migratorio dentro de las cárceles locales y, potencialmente, en las calles. Bajo el programa 287(g), ICE puede delegar responsabilidades específicas de inmigración a agentes locales. Este esquema estuvo suspendido en 2012 tras acusaciones de detenciones arbitrarias y perfilamiento racial, pero ha sido reactivado y ampliado en los últimos años.
Existen distintos modelos operativos del 287(g). El más común, el Jail Enforcement Model, se centra en personas con cargos criminales que se encuentran detenidas en cárceles locales.
Otros incluyen el modelo Task Force, que permite a los oficiales ejercer autoridad migratoria limitada durante patrullajes, y el programa de Oficiales de Servicio de Ordenanzas, que autoriza la ejecución de órdenes administrativas de ICE dentro de las prisiones. Cada modalidad extiende el alcance del control migratorio más allá de los puertos de entrada y de las fronteras tradicionales.
Los defensores de la ley aseguran que la SB-8 ayudará a identificar a inmigrantes con antecedentes penales y reforzará la seguridad pública. Sin embargo, los críticos advierten sobre posibles abusos, detenciones arbitrarias y un clima de miedo que podría afectar a comunidades enteras.
Según organizaciones de derechos civiles citadas por Diario AS, la SB-8 podría fomentar la discriminación basada en la apariencia, el acento o el lugar de residencia y disminuir la confianza de las comunidades inmigrantes en la policía local.
Texas se consolida como líder en políticas migratorias estrictas
El gobierno de Texas defiende la SB-8 como una herramienta esencial para "restaurar el orden" y garantizar el cumplimiento de las leyes federales, según reporta Diario AS. La ley, sin embargo, coloca a miles de inmigrantes indocumentados y a no pocos ciudadanos en un escenario de vigilancia constante y creciente incertidumbre.
Con la entrada en vigor de la SB-8, Texas se perfila como uno de los estados con políticas migratorias más agresivas de Estados Unidos, al ampliar la colaboración entre autoridades locales e ICE y al potenciar la deportación de inmigrantes sin autorización legal. La medida promete seguir alimentando el debate sobre seguridad pública, derechos civiles y la equidad en el trato a las comunidades inmigrantes dentro del estado.