Varias muertes durante operativos migratorios han encendido una alerta nacional sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales en Estados Unidos y la falta de transparencia en sus procedimientos. En el estado de Minnesota, al menos dos ciudadanos estadounidenses resultaron muertos a manos de oficiales de inmigración en tiroteos que han generado protestas y exigencias de investigación independiente.
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Mientras tanto, autoridades migratorias han reconocido que la mayoría de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aún no cuentan con cámaras corporales, lo que complica la reconstrucción de incidentes en los que se emplea fuerza letal y alimenta la desconfianza pública.
Casos recientes y polémica por uso de fuerza
El 7 de enero de 2026, un agente del ICE disparó y mató a Renée Nicole Good, una mujer de 37 años, durante un operativo en Minneapolis, Minnesota. Las circunstancias del tiroteo fueron ampliamente cuestionadas por testigos y líderes locales, y la versión oficial fue disputada ante la falta de evidencia clara proporcionada por los federales.
Crecen las críticas por operativos de agentes del ICE y uso de cámaras corporales.
Semanas después, otro tiroteo similar dejó muerto a Alex Jeffrey Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, cuando agentes federales abrieron fuego durante una confrontación en el mismo estado.
Estos hechos son parte de una serie de casos en los que agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza han disparado contra civiles en diferentes contextos, provocando críticas de legisladores y defensores de derechos civiles.
Cámaras corporales y falta de transparencia
La falta de cámaras corporales entre la mayoría de los agentes del ICE ha sido un punto central en el debate sobre la rendición de cuentas.
Investigaciones recientes han señalado que solo un pequeño porcentaje de agentes desplegados en operativos migratorios cuentan con dispositivos para grabar sus interacciones con el público, lo que dificulta verificar lo sucedido durante incidentes críticos.
La ausencia de grabaciones oficiales ha llevado a que videos captados por civiles o cámaras de terceros se vuelvan clave para entender lo ocurrido, y en algunos casos han contradicho versiones dadas por autoridades.
Esto ha aumentado la presión de legisladores para que se establezcan políticas claras y obligatorias sobre el uso de cámaras corporales y se mejore la supervisión de operativos migratorios.