Organizaciones defensoras de migrantes de Estados Unidos, México, Haití, Guatemala y El Salvador elevaron una alerta internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia, presentada durante el 195.º periodo de sesiones en Ciudad de Guatemala, detalla abusos y torturas que sufren inmigrantes deportados desde EE. UU., especialmente bajo los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA).
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Los informes señalan que muchos inmigrantes son entregados por autoridades estadounidenses a agentes enmascarados en la frontera sur, obligándolos a cruzar muros y enfrentando tratos inhumanos, discriminación y falta de acceso a atención médica, situación que persiste incluso después de la deportación. Los defensores advierten sobre el impacto físico y psicológico de estas acciones.
Abusos documentados y condiciones extremas
Uno de los casos más graves denunciados ante la CIDH involucra a inmigrantes deportados a El Salvador y llevados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad. Allí, según los testimonios, sufrieron abuso sexual, amenazas de muerte y condiciones de hacinamiento extremo, con falta de higiene, agua y alimentos adecuados.
Migrantes deportados desde EE. UU. denuncian abusos y torturas.
Otros casos incluyen inmigrantes enviados a México, donde enfrentan discriminación, falta de refugios y violaciones a sus derechos fundamentales, afectando especialmente a personas con estatus de protección temporal, refugiados y solicitantes de asilo. Estas situaciones vulneran el principio internacional de no devolución, protegiendo a quienes corren riesgo de persecución o violencia.
Exigencias de las organizaciones y acción de la CIDH
Representantes de organizaciones como Cristosal, Bridge Alliance y Refugiados Internacionales solicitaron que la CIDH emita un documento operativo y técnico que obligue a los países a cumplir con los ACA y garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes deportados.
El objetivo es que los estados involucrados rindan cuentas por los abusos cometidos, implementen protocolos de seguridad y aseguren condiciones dignas para los migrantes, evitando que se repitan violaciones que afectan la salud física y mental de las personas en tránsito.
