Miles de inmigrantes en Estados Unidos que esperaban la resolución de sus solicitudes de asilo ahora se enfrentan a órdenes de deportación hacia países desconocidos, informa Los Angeles Times. La medida ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre un limbo legal que afecta a quienes creían estar amparados por la ley.
Durante el gobierno de Donald Trump, migrantes fueron trasladados desde Estados Unidos hacia El Salvador.
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Inmigrantes que buscan asilo en EE. UU. son enviados a países desconocidos, incluso si cuentan con documentación
Según datos de Mobile Pathways, más de 13,000 inmigrantes en Estados Unidos han recibido órdenes de deportación a "terceros países seguros", aunque la mayoría nunca ha tenido vínculos con esos lugares. Los Angeles Times señala que estas órdenes afectan incluso a quienes estaban legalmente en el país y contaban con permiso para trabajar.
Historias concretas muestran la incertidumbre que enfrentan los inmigrantes deportados o bajo amenaza de expulsión. Un hombre afgano que escapó del Talibán se refugió en el norte del estado de Nueva York y recibió una orden de deportación hacia Uganda. Una mujer cubana, que trabajaba en un restaurante Chick-fil‑A en Texas, fue detenida tras un accidente menor y le informaron que sería enviada a Ecuador.
Hasta el momento, las deportaciones han sido limitadas, pese a que la Casa Blanca ha intensificado la presión para expulsar a más inmigrantes. La falta de claridad en la política genera temor e incertidumbre en las comunidades migrantes.
¿Cómo afecta esta política de deportación a los solicitantes de asilo?
Cassandra Charles, abogada del National Immigration Law Center, aseguró que "el objetivo de este gobierno es infundir miedo en la gente". Activistas advierten que esta presión podría llevar a los afectados a abandonar sus casos de asilo y regresar a sus países de origen. Los Angeles Times recoge esta preocupación como un reflejo del clima de inseguridad que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos.
Abogados explican que los fiscales del ICE presentan mociones llamadas pretermissions, que ponen fin abruptamente a los casos de asilo sin evaluar el fondo de cada situación. Sarah Mehta, de la ACLU, explica: "simplemente están diciendo: 'Vamos a desestimar este caso por completo y vamos a enviar a esa persona a otro país'".
El aumento de estas órdenes se aceleró tras un fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia, que determinó que los solicitantes de asilo pueden ser enviados a cualquier tercer país que el Departamento de Estado considere seguro. Más de la mitad de estas órdenes se han dirigido a Honduras, Ecuador o Uganda, mientras que el resto se distribuye entre casi tres docenas de naciones. Aunque, en teoría, podrían solicitar asilo en esos países, muchos cuentan con sistemas de asilo apenas funcionales.
