En un contexto de cambios en las políticas migratorias, California avanza en la defensa de los derechos de los inmigrantes. La reciente propuesta de ley busca establecer un entorno seguro en las escuelas, evitando la intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en estas instituciones.
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Protección escolar: un radio de seguridad de 1.6 kilómetros
La iniciativa, liderada por la senadora Lena González y el superintendente estatal Tony Thurmond, se presenta como una respuesta a la incertidumbre generada por la administración de Donald Trump. Con esta medida, se busca proteger a las comunidades vulnerables y garantizar que las escuelas permanezcan como espacios seguros para todos los estudiantes.
El nuevo proyecto de ley establece un radio de seguridad de 1.6 kilómetros alrededor de las escuelas, prohibiendo la cooperación entre las fuerzas del orden y el ICE en esta área. Esta medida tiene como objetivo prevenir situaciones en las que padres indocumentados sean arrestados al dejar a sus hijos en la escuela. La propuesta también refuerza las restricciones sobre la cooperación con ICE, asegurando que no se compartirá información sobre estudiantes, familias o empleados escolares sin una orden judicial explícita.
Ley AB 699: avances en la protección escolar
Esta nueva propuesta se suma a la Ley AB 699 de 2017, que prohíbe la recopilación de información sobre el estatus migratorio y establece políticas para prevenir la aplicación de leyes migratorias dentro de las escuelas.
Estas acciones reflejan el compromiso de California con la protección de los derechos de los inmigrantes, garantizando que las instituciones educativas sean lugares seguros para todos, independientemente de su estatus migratorio.
A pesar de estos avances, el clima de incertidumbre persiste. A tan solo un mes de la toma de posesión de Trump, el ICE está considerando abrir un nuevo centro de detención en California, con capacidad para albergar a 850 migrantes.
Este centro podría ubicarse en áreas cercanas a San Francisco, Sacramento, San José o Bakersfield, como parte de los esfuerzos del ICE para llevar a cabo deportaciones masivas en el estado.
La situación actual resalta la necesidad de seguir protegiendo a las comunidades vulnerables y de mantener un diálogo abierto sobre los derechos de los inmigrantes en California.