Río de Janeiro se las ingenió para sacar a flote los Juegos Olímpicos del año pasado, controlando la delincuencia y sobreviviendo a las acusaciones de corrupción, degradación del medio ambiente y descontrol del presupuesto.
Pero seis meses después de los primeros juegos olímpicos sudamericanos, las compuertas se han abierto.
Los organizadores de los juegos todavía adeudan 40 millones de dólares. Cuatro instalaciones nuevas del Parque Olímpico están en desuso al no encontrar a nadie del sector privado interesado en ellas y son propiedad ahora del gobierno nacional. Otra instalación será manejada por una municipalidad de Río que hace frente a las deudas y el exceso de gastos de los Juegos Olímpicos.
El histórico estadio Maracaná, sede de las ceremonias inaugural y de clausura, ha sido vandalizado mientras sus administradores, el gobierno del estado de Río y los organizadores de la justa se pelean en torno al pago atrasado de tarifas eléctricas por un total de un millón de dólares. La empresa eléctrica de Río respondió cortando la luz en el estadio.
Pocos jugadores frecuentan el nuevo campo de golf olímpico, que costó 20 millones de dólares, y hay poco dinero para su mantenimiento. Deodoro, el segundo complejo olímpico más grande, está cerrado, a la espera de encontrar una empresa que lo administre.
El gobierno estatal de Río de Janeiro está atrasado varios meses en el pago de los sueldos de los maestros, los trabajadores de hospitales y las pensiones. Y ha reportado una actividad delictiva récord en el 2016 en casi todas las categorías, desde asesinatos hasta robos.
"Durante los Juegos Olímpicos la ciudad trató de hacer que todo funcionase", expresó Oliver Stuenkel, un brasileño que enseña relaciones internacionales en la universidad Getulio Vargas. "Pero apenas terminaron los Juegos, todo se desintegró".